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Por Redacción YSKL
Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump ordenó de manera ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregón.
El fallo, emitido por la jueza de distrito Karin Immergut, establece que el Gobierno “no tenía base legal para afirmar que había una rebelión en Portland, ni que el Gobierno era incapaz de hacer cumplir la ley federal debido a las protestas”.
La decisión bloquea de forma permanente el uso de la fuerza militar para contener manifestaciones contra autoridades migratorias, un precedente que también podría influir en los intentos de Trump de aplicar medidas similares en Los Ángeles, Chicago y Washington.
La jueza añadió que “la interferencia ocasional a los funcionarios federales ha sido mínima, y no hay pruebas de que estas protestas a pequeña escala hayan impedido significativamente la ejecución de alguna ley migratoria”.
Contexto del caso y fundamentos legales
El fallo reemplaza una orden provisional emitida el 5 de octubre, que ya había suspendido el despliegue de fuerzas en Portland.
Immergut, designada por Trump, concluyó que la violencia en la ciudad fue “a pequeña escala, aislada, desorganizada y que en gran medida había disminuido” cuando el mandatario ordenó el envío de militares a finales de septiembre.
La ciudad de Portland y la Fiscalía General de Oregón habían presentado una demanda en septiembre, argumentando que el Gobierno exageraba episodios aislados de violencia para justificar la aplicación de una ley que permite el envío de tropas solo en casos de rebelión.
Los abogados del Departamento de Justicia, en cambio, describieron los hechos como “un asedio violento” que superaba la capacidad de los agentes federales.
La abogada de Portland, Caroline Turco, expresó durante el proceso que “este caso trata de si somos una nación de leyes constitucionales o de ley marcial”.
El Gobierno de Trump podría apelar la decisión, y el caso tendría como destino final la Corte Suprema de Estados Unidos.
Tres jueces, incluida Immergut, ya han emitido fallos preliminares en procesos similares, determinando que los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por Trump “no están permitidos bajo la autoridad legal de emergencia citada por su Gobierno”.
Detalles judiciales del caso Portland
Una revisión de registros judiciales reveló que 32 personas fueron acusadas de delitos federales relacionados con las protestas ocurridas desde junio. Entre ellos:
- 11 se declararon culpables de delitos menores y recibieron libertad condicional.
- Un manifestante que lanzó un cuchillo a un agente podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
- Aproximadamente la mitad enfrentan cargos por agredir a agentes federales, entre ellos 14 delitos graves y siete menores.
Los fiscales detallaron que algunos manifestantes arrojaron piedras, una botella de agua y un cuchillo de cocina, mientras que las fotografías del proceso muestran agentes con raspones y cortes menores.
Próximos pasos judiciales
El Gobierno apeló la orden provisional ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que actualmente estudia el caso.
El Observatorio judicial estadounidense considera que este fallo marca un precedente sobre los límites del poder presidencial para desplegar fuerzas armadas en el interior del país.
