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Por: DW
El Gobierno de Narendra Modi ordenó confidencialmente a empresas como Apple, Samsung y Xiaomi que preinstalen sus teléfonos con una aplicación llamada Sanchar Saathi (Socio de Comunicación), adelantó Reuters la víspera.
La aplicación estaría diseñada para comprobar si un teléfono es auténtico mediante su número IMEI; rastrear teléfonos perdidos o robados, bloquearlos y evitar su uso indebido; consultar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y reportar llamadas sospechosas, intentos de fraude y enlaces maliciosos.
Desarrollada por el Ministerio de Comunicaciones, la aplicación es oficialmente presentada como una herramienta para «empoderar a los suscriptores móviles, reforzar su seguridad y aumentar la conciencia sobre las iniciativas del Gobierno dirigidas al usuario».
Preinstalada, visible y operativa en los próximos 90 días
Una directiva, fechada el 28 de noviembre, obliga a que la aplicación gubernamental esté preinstalada, visible y operativa desde la primera configuración de los dispositivos nuevos, y exige a los fabricantes asegurarse de que sea imposible limitar o desactivar sus funciones, según el comunicado difundido por el Ministerio de Comunicaciones.
El Gobierno estableció un plazo de 90 días para que la medida quede plenamente implementada y da 120 días para que las empresas presenten un informe de cumplimiento. Además, afirma que los fabricantes «deberán procurar» distribuir la aplicación mediante actualizaciones de software en los teléfonos ya fabricados y presentes en los canales de venta.
La orden busca, según recoge la nota del Gobierno indio, «salvaguardar a los ciudadanos de la compra de dispositivos no genuinos» y permitir una «comunicación sencilla de usos indebidos de los recursos de telecomunicaciones».
Oposición critica «una herramienta distópica»
La medida ha encendido el debate sobre la privacidad en la India. Opositores y defensores de la privacidad criticaron la medida, argumentando que es una forma del Gobierno de acceder a los 730 millones de teléfonos inteligentes de la India, vulnerando derechos fundamentales.
La oposición, liderada por el Partido del Congreso, tildó la medida de «inconstitucional» y exigió su retirada inmediata. Su secretario general, K. C. Venugopal, afirmó que una aplicación gubernamental que no puede desinstalarse es «una herramienta distópica para vigilar a cada ciudadano». Y agregó: «El Gran Hermano no puede vigilarnos»
El Congreso recordó que el incumplimiento de la directiva puede acarrear acciones bajo la Ley de Telecomunicaciones de 2023 y las Normas de Ciberseguridad en Telecomunicaciones de 2024, que facultan al Gobierno para imponer sanciones y retirar equipos alterados o con números de identificación manipulados.
Apple se resiste y otras marcas revisan
Apple no planea cumplir con la directiva y comunicará al Gobierno indio que no sigue este tipo de mandatos en ningún lugar del mundo, ya que plantean problemas de privacidad y seguridad para el ecosistema iOS de la compañía, según dos fuentes de la industria familiarizadas con las preocupaciones de Apple, citadas por Reuters, y que declinaron ser identificados públicamente porque la estrategia de la compañía es privada.
La orden india llega mientras Apple libra una batalla judicial con un organismo de control indio por la ley de sanciones antimonopolio del país, en la que se arriesga a una multa de hasta 38 mil millones de dólares.
Otras marcas, incluida Samsung, están revisando la orden, según una dijo a Reuters otra fuente de la industria familiarizada con el asunto. Ni Apple, ni Samsung ni el Ministerio de Comunicaciones indio respondieron inmediatamente a las consultas de esa agencia de noticias.
