Por: DW
Un tribunal ecuatoriano condenó este lunes a once militares a 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes de entre 11 y 15 años, a quienes detuvieron irregularmente el 8 de diciembre de 2024 en el violento puerto de Guayaquil, y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala y signos de tortura cerca de una base militar.
Según testimonios de familiares y videos, las víctimas salieron a jugar fútbol antes de que una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) los detuviera. Para otros cinco soldados, que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada), los jueces dictaminaron treinta meses de cárcel; mientras que un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos.
El tribunal aceptó así el pedido que había hecho la Fiscalía para dieciséis de los diecisiete procesados, a quienes también se les impuso una multa de 376.000 dólares y una indemnización económica de 10.000 dólares para las familias de los menores. También ordenó que den disculpas públicas y que se publique un extracto de la sentencia en el mayor medio de circulación nacional.
Crecientes abusos
Los restos calcinados de los menores fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas. El juez Jovanny Suárez, ponente del tribunal, señaló que la Fiscalía pudo demostrar que los menores fueron sometidos a tratos crueles y que vivieron momentos de «horror».
Los testimonios de los cooperadores fueron clave, ya que confesaron que varios de sus compañeros vejaron, insultaron y golpearon fuertemente a los niños incluso con las armas, y el magistrado destacó que uno de ellos entregó un video en el que se ve que otro soldado le dice a uno de los menores: «Agradece, negro, que no te metí un tiro».
Tras escuchar la sentencia, un grupo de familiares, vecinos y otros conocidos de las familias que llegaron hasta los exteriores del juzgado celebraron al grito de «justicia». El caso estremeció a Ecuador en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre crecientes abusos de las Fuerzas Armadas, que desde 2024 están desplegadas en las calles como parte de una política oficial de mano dura contra el narcotráfico.



















