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Por Redacción YSKL
La Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite la cuadragésima sexta prórroga consecutiva del régimen de excepción, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 31 de ese mes.
El decreto establece que la prórroga se justifica mientras persistan intentos de reorganización criminal y vínculos transnacionales, con el objetivo de “preservar los avances alcanzados” en materia de seguridad.
La medida se aplica a nivel nacional desde el 27 de marzo de 2022.
Argumentos para la prórroga
El decreto aprobado sostiene que la continuidad del régimen responde a la necesidad de mantener herramientas extraordinarias frente a las estructuras criminales.
El dictamen señala que las políticas de seguridad implementadas han permitido “la recuperación de espacios públicos” y la reducción sostenida de la violencia.
De acuerdo con el documento legislativo, durante la vigencia del régimen se reportan más de 1,090 días sin homicidios registrados y la captura de más de 90,600 personas vinculadas a estructuras criminales, incluidos cabecillas.
Cifras oficiales y balance gubernamental
A finales de junio de 2025, más de 8,400 personas fueron liberadas tras verificaciones de inocencia, informó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
También indicó que se identificaron casos de detenidos fuera de sus zonas de operación y otros que habían huido a países vecinos.
Villatoro proyectó que la tasa de homicidios de 2025 cerrará entre 1 y 1.3 por cada 100,000 habitantes, frente al 1.9 registrado en 2024, lo que calificó como “un 44% menos que el año pasado”.
Qué contempla la prórroga
Con esta prórroga continúan suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución de la República.
Esto permite extender la detención administrativa hasta 15 días, autorizar la intervención de telecomunicaciones y correspondencia, así como allanamientos e incautaciones vinculadas a investigaciones contra estructuras criminales.
Además, las autoridades pueden continuar procesando a los detenidos bajo el delito de agrupaciones ilícitas mediante expedientes colectivos.
