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Por Redacción YSKL
El proceso judicial por la masacre de El Mozote y lugares aledaños quedó en suspenso luego de que los abogados defensores de los militares acusados presentaran una apelación contra la resolución que ordenó elevar el caso a juicio.
Según detalló Cristosal, el 22 de diciembre de 2025 el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera notificó a las partes que la defensa interpuso el recurso, el cual busca “frenar o revertir el avance del proceso” contra más de una decena de altos mandos militares, entre ellos el exministro de Defensa, Guillermo García.
La apelación se produce luego de que, el 26 de noviembre, la jueza del caso comunicara que el expediente avanzaba a la fase plenaria, decisión que abría el camino para la programación del juicio contra 13 imputados.
Instancia que resolverá la apelación
Con la presentación del recurso, el caso pasa ahora a conocimiento de la Cámara de lo Penal de San Miguel, instancia que deberá decidir si mantiene la resolución del juzgado de Gotera o si la modifica.
Cristosal reiteró que el expediente cuenta con respaldo probatorio suficiente para avanzar a juicio.
La organización señaló que el caso posee “una enorme cantidad de pruebas y fundamentos legales claros para pasar a su etapa final”, según su publicación en redes sociales.
Personas acusadas en el proceso
El juicio está planteado contra el exministro de Defensa Guillermo García y otros 12 oficiales vinculados al Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.
Entre los señalados también figuran exjefes militares de alto rango que habrían tenido responsabilidad en el operativo.
Delitos imputados en el caso:
- Asesinato
- Asesinato tentado
- Incendio
- Violación
- Coacción agravada
Antecedentes del caso
La masacre de El Mozote y sitios aledaños ocurrió entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, durante un operativo militar desarrollado en el norte del departamento de Morazán.
De acuerdo con los registros judiciales, en esos hechos fueron asesinadas cerca de mil personas civiles de distintos cantones de la zona.
El caso fue reabierto en 2016, y desde entonces Cristosal ha acompañado a las víctimas y a sus familiares en el proceso judicial.
La resolución de la Cámara de lo Penal de San Miguel definirá si el expediente continúa hacia el juicio o si se introduce un cambio en la ruta procesal.
