![Radio Cadena YSKL 104.1 FM - 770 AM](https://radioyskl.com/wp-content/uploads/2019/04/yskl.png "YSKL \")
Por Redacción YSKL
El recorte presupuestario de $364 millones aplicado al Órgano Judicial para 2026 no afectará la estabilidad laboral de los empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afirmó el secretario general del Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES), Stanley Quinteros.
De acuerdo con el dirigente, las plazas que ya no figuran en el presupuesto corresponden a supresiones realizadas en 2024 y a retiros voluntarios.
Quinteros explicó que las 1,045 plazas señaladas en el ajuste “no implican despidos”, ya que se trataba de puestos presupuestados en condición de congelados.
“Eso es lo que reflejaba el presupuesto que se había presentado ante la Asamblea Legislativa”, indicó, al señalar que la readecuación financiera obligó a descartar definitivamente esas plazas.
Plazas congeladas y retiros voluntarios
Según el representante sindical, la eliminación de estas plazas responde a procesos previos dentro de la institución.
“El resultado de esas plazas que estaban congeladas se debe a la supresión de plazas que hubo, por ejemplo, en el año 2024 y a los retiros voluntarios a los que muchos trabajadores se han acogido”, sostuvo.
Añadió que, pese al ajuste, se mantiene la estabilidad laboral y el goce de las prestaciones sociales y económicas.
“Se sigue gozando de estabilidad laboral en esta institución”, afirmó, tras señalar que las autoridades de la CSJ han reiterado ese compromiso.
Rubros que absorberán el ajuste presupuestario
De acuerdo con Quinteros, el impacto del recorte se concentrará en áreas distintas a la planilla salarial. Entre los principales rubros afectados se encuentran:
- Reducción en la contratación de bienes y servicios.
- Disminución de inversión en construcción de inmuebles.
- Priorización del presupuesto para salarios y servicios esenciales.
El dirigente precisó que la construcción de infraestructura “va a ser prácticamente nula” y que el presupuesto disponible se enfocará en el pago de salarios y en servicios básicos como agua, energía eléctrica e internet.
Contexto de la reforma constitucional
El ajuste presupuestario se da tras la reforma al artículo 172 de la Constitución de la República, ratificada por la Asamblea Legislativa el 16 de diciembre de 2025.
La modificación eliminó la asignación mínima constitucional del seis por ciento de los ingresos corrientes del Estado para el Órgano Judicial y la sustituyó por un esquema basado en “las necesidades razonables” de la institución.
Antes del cambio, la Constitución establecía que la CSJ debía disponer de una asignación “no inferior al seis por ciento” del presupuesto estatal. Con la reforma, la asignación será determinada anualmente dentro del proceso presupuestario general.
Posturas encontradas en la Asamblea
Diputados que respaldaron la reforma argumentaron que el cambio permite una distribución de recursos acorde con el equilibrio presupuestario del Estado.
Según los parlamentarios de Nuevas Ideas, la medida no implica una reducción automática del presupuesto judicial, sino la eliminación de un porcentaje fijo.
Desde la oposición, legisladores de ARENA y VAMOS expresaron reservas sobre el posible impacto en la independencia judicial. Señalaron que el porcentaje constitucional fue incorporado tras los Acuerdos de Paz para garantizar autonomía financiera del Órgano Judicial.
La reforma será aplicada en la formulación de los próximos presupuestos generales del Estado.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia mantiene una planilla superior a los 10,000 empleados, cuya estabilidad laboral, según el SEJES, “está garantizada”.
