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Por: Redacción YSKL
El Arzobispado de San Salvador informó, mediante un comunicado oficial emitido el 21 de enero de 2026, la conclusión definitiva del proceso canónico instruido contra Jesús Orlando Erazo Gálvez. Este procedimiento fue ejecutado en el Tribunal Eclesiástico de la Región Central por mandato expreso del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo de la Santa Sede encargado de supervisar la disciplina eclesiástica a nivel mundial. La institución confirmó que la causa ha llegado a su fase final con la emisión de un Decreto Conclusivo Penal que dicta la sentencia de dimisión del estado clerical, lo que representa la expulsión total y permanente del procesado de sus funciones como sacerdote de la Iglesia Católica.
La resolución fue notificada formalmente el pasado 8 de enero de 2026 al abogado defensor eclesiástico de Erazo Gálvez, según detalló la nota firmada por el presbítero Simeón Leónidas Reyes García, Vicario Episcopal de Comunicaciones de la Arquidiócesis. El comunicado institucional enfatiza que la publicación de esta sentencia se realiza en cumplimiento estricto de los protocolos de transparencia y comunicación del Arzobispado, asegurando que todas las etapas del proceso se desarrollaron bajo las normativas internas de la Iglesia y las directrices emanadas desde la Ciudad del Vaticano para este tipo de casos de gravedad institucional.
De acuerdo con registros oficiales de la Fiscalía General de la República y medios de comunicación salvadoreños, este proceso canónico corre en paralelo a una condena penal emitida por la justicia ordinaria de El Salvador contra el ahora exsacerdote.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó previamente a Erazo Gálvez a una pena de 14 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz, hechos que ocurrieron en diciembre de 2022 en el municipio de San Cristóbal, Cuscatlán.
Las investigaciones fiscales revelaron que el imputado utilizó su posición como párroco para coaccionar a la víctima, quien asistía a su comunidad religiosa, lo que motivó su suspensión inmediata por parte del arzobispo José Luis Escobar Alas y el inicio del juicio penal que se llevó a cabo incluso ante su condición de prófugo.
