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Por Redacción YSKL
El Gabinete de Seguridad confirmó que los reportes difundidos en redes sociales sobre presuntos secuestros corresponden a estafas telefónicas y no a hechos reales ocurridos en el territorio salvadoreño.
Según las autoridades, estas acciones están vinculadas a la estructura criminal investigada en el caso Escudo Virtual, cuya operación se origina desde una cárcel en Colombia.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó que se trata de una modalidad ya identificada desde 2024, en la que las víctimas son inducidas a creer que han sido secuestradas mediante llamadas y mensajes intimidantes.
“El modus operandi es el mismo”, señaló, al recordar que esta estructura fue desarticulada parcialmente en septiembre durante un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR).
Cómo opera la modalidad de estafa
De acuerdo con las autoridades, los estafadores contactan a personas que ofrecen servicios u oficios y las citan en lugares aislados.
Durante el trayecto, extraen información personal y, una vez en el sitio, simulan un secuestro para exigir dinero a la víctima o a su familia.
Elementos identificados en la modalidad:
- Uso de llamadas y mensajes desde números con códigos internacionales
- Obtención de datos personales durante el desplazamiento
- Amenazas atribuidas falsamente a grupos criminales
- Exigencia de pagos inmediatos y corte de comunicación
Villatoro aseguró que “en este país no existen cárteles de droga ni secuestros” y afirmó que no hay evidencia de daño físico a las personas contactadas, ya que el engaño se basa únicamente en presión psicológica.
Llamadas rastreadas a cárcel en Colombia
El titular de Seguridad indicó que, con apoyo tecnológico de aliados internacionales, se logró identificar que las llamadas provienen de una cárcel en Colombia.
Según información compartida por las autoridades, en ese centro penitenciario habría más de un centenar de teléfonos activos utilizados para realizar este tipo de estafas.
Además, confirmó que se ha establecido comunicación con cuerpos policiales de otros países de la región, donde se ha detectado la misma modalidad.
“Todo confirma que esas llamadas que están afectando a América Latina son generadas desde esta cárcel”, afirmó.
Defensa y Fiscalía respaldan versión oficial
Los supuestos secuestros difundidos en redes sociales “no son más que estafas telefónicas” y atribuyó el impacto de estos mensajes al recuerdo de la violencia del pasado, reiteró el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
Aseguró que las estadísticas de seguridad reflejan el control territorial del Estado y descartó la presencia de cárteles en El Salvador.
Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que la institución detectó esta modalidad desde enero de 2024 y que las investigaciones derivaron en el caso Escudo Virtual.
“El año pasado no hubo ni un solo secuestro en El Salvador”, afirmó, al subrayar que las denuncias han permitido avanzar en la identificación de la red transnacional.
Recomendaciones a la población
Las autoridades reiteraron que ante este tipo de llamadas lo indicado es no realizar pagos, cortar la comunicación y denunciar.
Villatoro recomendó bloquear números con códigos internacionales asociados a estas estafas y verificar solicitando una llamada convencional, ya que los estafadores solo utilizan aplicaciones de mensajería.
Delgado insistió en que “denunciar sí funciona” y pidió a la población no dejarse engañar por amenazas que no representan un riesgo físico real.
Antecedentes del caso Escudo Virtual
La FGR informó que en octubre de 2025 ejecutó la segunda fase del caso Escudo Virtual, tras recibir más de 2,000 denuncias.
El operativo dejó 51 órdenes de captura contra presuntos integrantes de una estructura dedicada a estafa, hurto informático y lavado de dinero, con un monto defraudado estimado en $215,000.
Según la investigación, la red operaba con mulas financieras, reclutadores y cabecillas, y parte de sus operaciones se coordinaban desde cárceles colombianas.
En total, el caso vincula miles de denuncias y un movimiento ilícito que supera los $6 millones, de acuerdo con datos fiscales.
