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Por Redacción YSKL
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa acordó invitar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que exponga sus valoraciones sobre el anteproyecto de “Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de la Economía Azul (ASEA)”, una propuesta que busca establecer una nueva entidad autónoma con facultades rectoras sobre la pesca, la acuicultura y las actividades conexas.
La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Economía, propone que la ASEA sea la institución competente para aplicar tanto la nueva normativa como la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, incluyendo la imposición de sanciones administrativas por infracciones al marco legal vigente.
Competencia directa en el régimen sancionatorio
Uno de los ejes centrales del anteproyecto es la asignación de la potestad sancionatoria a la nueva Autoridad. El artículo 21 establece que la ASEA conocerá e impondrá sanciones por las infracciones previstas en la legislación pesquera.
Según el texto, cuando exista conocimiento o denuncia de posibles incumplimientos, la Gerencia de Ordenación y Administración Pesquera y Acuícola instruirá el procedimiento sancionatorio conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos.
El gerente respectivo podrá decretar medidas cautelares “fundada y motivadamente” y emitir la resolución administrativa, la cual admitiría recurso de apelación ante el Director Ejecutivo de la Autoridad.
El anteproyecto aclara que estas sanciones se aplicarían “sin perjuicio de la deducción de otras responsabilidades legales” en ámbitos marítimo-portuario, ambiental, civil o penal.
Naturaleza jurídica y adscripción institucional
De acuerdo con el artículo 2, la ASEA se configuraría como una institución oficial autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de autonomía financiera, administrativa, operativa y presupuestaria.
La entidad estaría adscrita al Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía.
La propuesta define a la Autoridad como el ente rector de la política y planificación de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas, responsable de formular, evaluar y dar seguimiento a políticas públicas orientadas al uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, sin comprometer el medio ambiente ni la biodiversidad.
Objeto de la ley bajo el enfoque de economía azul
El anteproyecto plantea la creación de un marco jurídico e institucional para diseñar e implementar políticas públicas que apunten a la seguridad alimentaria y nutricional, el crecimiento económico y el uso racional de los recursos hidrobiológicos.
En ese contexto, la iniciativa define la economía azul como un modelo basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y continentales, apoyado en la innovación y la colaboración multisectorial, con énfasis en la generación de empleo, la mejora de los medios de vida y la conservación de los ecosistemas.
Atribuciones generales planteadas para la ASEA
La propuesta asigna a la nueva Autoridad funciones de carácter estratégico, regulatorio y operativo en el sector pesquero y acuícola, que abarcan desde la planificación hasta la supervisión directa de las actividades.
Entre las atribuciones incluidas en el anteproyecto se encuentran la rectoría de la política nacional de pesca, acuicultura y economía azul; el control, verificación y trazabilidad de productos hidrobiológicos; la regulación de licencias, vedas y esfuerzo pesquero con base en criterios técnicos y científicos; la coordinación interinstitucional para acciones de monitoreo, control y vigilancia; así como la aplicación directa del régimen de infracciones y sanciones previsto en la normativa sectorial vigente.
Marco sancionatorio de referencia
El anteproyecto remite al Capítulo VI de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, que clasifica las infracciones en leves, menos graves y graves, con sanciones que incluyen multas calculadas sobre el salario mínimo mensual vigente, decomisos y otras medidas administrativas.
Dicha ley también establece responsabilidades específicas para titulares de autorizaciones, patrones o capitanes de embarcaciones, y contempla sanciones agravadas en casos de reincidencia, que pueden derivar en la revocatoria definitiva de licencias.
Con la creación de la ASEA, estas disposiciones serían ejecutadas directamente por la nueva Autoridad, como parte de un esquema integral de ordenación y control del sector bajo el enfoque de economía azul.
