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Por: Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes la recepción de Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial, tras ser entregado por las autoridades de los Estados Unidos para enfrentar la justicia salvadoreña.
El exfuncionario, quien fuera una de las figuras más prominentes del partido ARENA, ha sido notificado formalmente de su condena de 13 años y 4 meses de prisión por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, poniendo fin a un proceso que inició en abril de 2021 cuando salió del país poco antes de finalizar su fuero legislativo.
El proceso judicial contra Quijano cobró fuerza tras las revelaciones del caso conocido como Operación Cuscatlán, donde testigos y pruebas audiovisuales detallaron reuniones sostenidas con cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014.
Según las investigaciones fiscales, el entonces candidato habría ofrecido beneficios penitenciarios, la eliminación de leyes antipandillas y una suma estimada en 100,000 dólares a cambio del apoyo electoral.
El Ministerio Público presentó la solicitud de desafuero en noviembre de 2021 ante la Asamblea Legislativa, la cual fue aprobada en diciembre de ese mismo año tras analizar las pruebas que vinculaban a Quijano con pactos ilícitos.
A pesar de que el juicio se realizó en calidad de reo ausente gracias a las reformas al Código Procesal Penal, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ratificó la culpabilidad del exdiputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en abril de 2024, determinando que su participación en las negociaciones vulneró la integridad del sistema democrático.
Con la llegada de Quijano a territorio salvadoreño, las autoridades han iniciado el protocolo para su traslado inmediato a un centro penitenciario donde deberá cumplir la pena impuesta. Simultáneamente, se ha notificado al PARLACEN para formalizar su inhabilitación del cargo que ostentaba, mientras el Ministerio Público agradeció la colaboración estratégica del gobierno estadounidense, destacando que este procedimiento representa un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y la corrupción política vinculada a grupos criminales en el país.
