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Por Redacción YSKL
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINED) presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para aprobar la “Ley de Creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República”, iniciativa que plantea la formación de una institución pública de educación superior especializada en áreas vinculadas con la administración de justicia.
El texto indica que la creación del Instituto responde a la necesidad de fortalecer la formación especializada del talento humano vinculado al sistema de justicia, ante la evolución de las ciencias forenses y criminalísticas y las demandas de un sistema judicial moderno.
El MINED plantea que la nueva institución tenga como objetivo “formar profesionales de excelencia académica y técnica, altamente especializados” en ciencias jurídicas, criminalísticas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal, administración de justicia y disciplinas afines.
Según el proyecto de decreto, el Instituto sería una entidad con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y académica, patrimonio propio y duración indefinida, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).
Atribuciones académicas y operativas planteadas para el Instituto:
- Diseñar e impartir programas de formación inicial, capacitación continua, diplomados, maestrías y doctorados en áreas jurídicas y forenses.
- Promover investigación científica y aplicada vinculada con la administración de justicia.
- Fomentar publicaciones académicas, estudios técnicos y desarrollo doctrinario.
- Establecer convenios con instituciones nacionales e internacionales de educación superior y organismos de justicia.
- Certificar competencias profesionales de personal fiscal y otros participantes en programas educativos.
- Impulsar formación en ética profesional, integridad, transparencia y protección de víctimas.
- Desarrollar programas de actualización para fiscales, agentes auxiliares, peritos y personal técnico.
Representación legal y estructura administrativa
La propuesta establece que el Fiscal General de la República será el representante legal del Instituto, con facultad para delegar funciones administrativas y académicas conforme a la estructura organizativa que se defina en el reglamento.
Además, se indica que el reglamento interno deberá emitirse dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, con disposiciones sobre órganos de dirección, procedimientos académicos, planes de estudio y régimen del personal docente y administrativo.
Patrimonio y control financiero
El proyecto de decreto señala que el patrimonio del Instituto estaría conformado por recursos asignados dentro del presupuesto de la Fiscalía, bienes muebles e inmuebles, ingresos generados por sus actividades, donaciones, cooperación internacional y otros recursos financieros.
El presupuesto anual y el régimen de salarios serían presentados a la FGR para su aprobación y posterior remisión al Ministerio de Hacienda, mientras que la fiscalización estaría a cargo de la Corte de Cuentas de la República.
El texto también establece la implementación de mecanismos de control interno y auditoría independiente.
Marco legal y vigencia
La propuesta se sustenta en disposiciones de la Constitución de la República, la Ley de Educación Superior y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
El documento establece que el decreto entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, de ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
