Por: Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la ejecución de la condena de 13 años y cuatro meses de prisión impuesta a Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido ARENA. Esta medida se hace efectiva tras su arribo al país el pasado 26 de enero, luego de ser capturado y deportado por las autoridades de los Estados Unidos, poniendo fin a un periodo de evasión de la justicia que inició en abril de 2021.
La condena fue emitida originalmente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, tras un juicio realizado en ausencia gracias a las reformas del Código Procesal Penal. El tribunal encontró a Quijano culpable de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, al demostrarse que pactó con cabecillas de pandillas durante su campaña presidencial en 2014. Las investigaciones fiscales, sustentadas en pruebas del caso Operación Cuscatlán, revelaron reuniones directas donde se ofrecieron beneficios penitenciarios y sumas de dinero a cambio de apoyo en las urnas.
Tras su ingreso a territorio salvadoreño, el exfuncionario fue sometido a una evaluación médica que incluyó electrocardiogramas y radiografías de tórax. La defensa de Quijano ha manifestado que el procesado se encuentra bajo control cardiológico desde el año 2006 debido a padecimientos de hipertensión arterial y angina inestable, factores de riesgo que requieren medicación diaria constante dentro del sistema penitenciario.
A pesar de los alegatos de salud, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la detención provisional del imputado y su traslado inmediato al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. La sede judicial determinó mantener la medida cautelar más gravosa tras considerar que existe un riesgo elevado de fuga, señalando que la presencia de Quijano en El Salvador no responde a su voluntad propia, sino a la acción coercitiva y estratégica de las autoridades que lograron su captura y deportación desde Texas.
En el ámbito procesal, la audiencia de revisión de medidas programada para este 28 de enero fue cancelada debido a que aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto ante la Sala de lo Penal en junio de 2024. Su abogado defensor, Lisandro Quintanilla, ha indicado que la sentencia aún no está en firme y que buscarán agotar las instancias correspondientes, incluyendo un posible recurso de casación, con el objetivo de solicitar medidas sustitutivas a la detención en el futuro.
Además de la pena de prisión, la condena conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la suspensión de sus derechos ciudadanos. Las autoridades salvadoreñas han procedido a notificar formalmente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) sobre la situación jurídica de Quijano para oficializar su inhabilitación del cargo que ostentaba.
