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Por Redacción YSKL
El Gobierno de El Salvador se comprometió a presentar este martes su propuesta de reforma al sistema de pensiones, de acuerdo con la correspondencia oficial remitida al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa vigente entre ambas partes.
El calendario del acuerdo establece esta fecha como un hito clave dentro de los compromisos asumidos por el país para fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema previsional.
Compromiso asumido con el FMI
En una carta enviada en junio de 2025 a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, y el ministro de Hacienda, Jerson Posada, señalaron que el Ejecutivo trabajaba en la preparación de la propuesta con apoyo técnico del organismo multilateral.
“Estamos trabajando, con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, para preparar y publicar una propuesta de reforma (10 de febrero de 2026), que podría entrar en vigor a mediados de 2026 para fortalecer la sostenibilidad del sistema y comenzar a generar ahorros fiscales”, indica uno de los anexos de la misiva.
El objetivo central del compromiso es “fortalecer la viabilidad financiera del sistema de pensiones”, según lo establecido en el programa acordado con el FMI.
Evaluación actuarial previa
Como paso previo a la reforma, El Salvador debía publicar una evaluación actuarial independiente sobre la sostenibilidad del sistema previsional.
Aunque inicialmente estaba prevista para julio de 2025, la publicación fue postergada en varias ocasiones y finalmente divulgada el 22 de diciembre bajo el título “Estudio actuarial del sistema de pensiones de El Salvador”.
El documento, de 14 páginas, fue elaborado con apoyo del FMI y analiza la situación financiera del sistema previsional para el período 2024-2070.
Principales hallazgos del estudio actuarial
El estudio confirmó que el sistema de pensiones presenta un déficit actuarial equivalente al 59 % del producto interno bruto (PIB), a valor presente neto, considerando ingresos por cotizaciones y gastos en pensiones.
Entre los resultados más relevantes se identifican los siguientes elementos:
- El sistema privado concentra el mayor desequilibrio, con un déficit estimado en 45.4 % del PIB, debido al aumento del gasto conforme más cotizantes acceden a la jubilación.
- En el sistema público, ya derogado, se proyecta que el gasto disminuya gradualmente hasta llegar a cero en 2050, cuando se retiren los últimos beneficiarios.
- La Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), utilizada para financiar pensiones mínimas, se agotaría en 2029, ya que “la evidencia sugiere que la cuenta individual de la mayoría de los jubilados de 2024 se agotaría en los próximos dos años”.
Necesidad de cambios estructurales
El documento advierte que el déficit actuarial podría incrementarse, ya que los cálculos no incorporan las cargas fiscales futuras asociadas al pago de capital e intereses de la deuda que se genere.
Ante este escenario, el estudio concluye que “será necesario buscar modificaciones en el sistema y/o fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”, planteamiento que enmarca la publicación de la propuesta de reforma prevista para este martes.
