Por: Redacción YSKL. –
Transparencia Internacional (TI) presentó este martes su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, un informe que evalúa a 180 países en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la mejor calificación. En el documento, la organización advirtió que la corrupción “está empeorando a nivel mundial” y que incluso democracias consolidadas muestran un deterioro por la falta de liderazgo audaz en la lucha anticorrupción.
En el caso de El Salvador, el IPC 2025 otorgó una puntuación de 32, lo que representa un incremento de dos puntos respecto al informe de 2024. Pese a la leve mejora, el país se mantiene por debajo del promedio regional de América, que alcanzó 42 puntos, sin registrar avances significativos en la lucha contra la corrupción, según el reporte.
TI señaló que uno de los factores que limita el combate contra la corrupción en El Salvador son las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, al considerar que estas medidas reducen el escrutinio público y la supervisión independiente sobre las acciones gubernamentales. En ese contexto, recordó que en 2025 fue aprobada la Ley de Agentes Extranjeros, la cual establece un impuesto del 30 % a las donaciones y transacciones provenientes del exterior para organizaciones sociales, además de contemplar sanciones por actividades consideradas de carácter político.
A nivel regional, TI advirtió que la corrupción ha permitido durante años la infiltración del crimen organizado en la política, afectando a países como Colombia, México y Brasil. Asimismo, indicó que incluso naciones con mejor desempeño, como Costa Rica y Uruguay, enfrentan violencia alimentada por redes criminales y corrupción, mientras que países con instituciones debilitadas, como Haití y Nicaragua, continúan con altos niveles de corrupción arraigada.
El informe también subrayó que, a nivel global, el número de países con puntuaciones superiores a 80 se redujo de 12 hace una década a solo cinco en 2025, encabezados por Dinamarca, Finlandia y Singapur. Para TI, estos resultados reflejan una tendencia internacional de deterioro y advierten que, sin reformas y controles efectivos, la presión por combatir la corrupción podría seguir debilitándose en distintos países, incluido El Salvador.



















