Por Redacción YSKL
El presidente Nayib Bukele reaccionó la noche de este sábado a declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Honduras, Gerzon Velásquez, sobre las políticas de seguridad implementadas en El Salvador.
“Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad. Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los ‘derechos humanos’ de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, afirmó el mandatario salvadoreño, a través de la red social X.
Bukele compartió un fragmento de una entrevista transmitida por TV Azteca Honduras, en la que Velásquez fue consultado sobre la posibilidad de replicar el modelo de seguridad salvadoreño en su país.
Postura del ministro hondureño
Durante el foro televisivo, el funcionario hondureño señaló que el modelo aplicado en El Salvador “es interesante, es un modelo de mucho estudio”, pero sostuvo que responde a condiciones particulares.
“No es una receta para replicar exactamente en todos los países”, expresó.
Al ser cuestionado sobre la cercanía geográfica entre ambas naciones, respondió que existen “características diferentes” y agregó que, territorialmente, “El Salvador cabe en Olancho”.
También indicó que el país vecino cuenta con más de 60,000 policías y militares y que existe “un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas, inclusive que van en contra de los derechos humanos”.
Medidas de seguridad en El Salvador
Las declaraciones se producen en un contexto en el que El Salvador mantiene vigente el régimen de excepción, aprobado inicialmente el 27 de marzo de 2022 como parte de las medidas para contrarrestar la actividad de pandillas.
La Asamblea Legislativa aprobó recientemente, con 57 votos, la cuadragésima séptima prórroga consecutiva de la medida, la cual estará vigente del 31 de enero al 1 de marzo de 2026.
El decreto legislativo señala que la prórroga se sustenta en el artículo 30 de la Constitución y mantiene suspendidas garantías establecidas en los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24, relacionadas con plazos de detención administrativa e intervenciones en investigaciones contra estructuras criminales.
Según datos oficiales citados en el decreto, durante la actual administración se registran más de 1,120 días sin homicidios, de los cuales 988 corresponden al período bajo régimen de excepción.
Además, se consigna la captura de más de 91,000 personas vinculadas a estructuras criminales desde la implementación de la medida.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que en 2025 se reportaron 82 homicidios intencionales y que todos fueron esclarecidos.
Entre las acciones impulsadas en materia de seguridad también se encuentra la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), cuya inversión fue cifrada por el presidente Bukele en $115 millones, incluyendo equipamiento y seguridad.
La infraestructura tiene capacidad para 40,000 reclusos y fue ejecutada mediante un mecanismo de contratación amparado en una ley especial, según declaraciones brindadas durante una visita oficial a Costa Rica.
Contexto regional
El documento aprobado por el Legislativo también hace referencia al contexto regional, incluyendo hechos recientes en Guatemala, donde se reportó la muerte de al menos diez agentes policiales en enero tras ataques atribuidos a pandillas.
Ante esa situación, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días, medida ratificada por el Congreso guatemalteco.
Situación política en Honduras
En Honduras, Nasry Asfura asumió la presidencia el 27 de enero de 2026, tras resultar ganador en las elecciones del 30 de noviembre.
Durante su juramentación, el mandatario afirmó que enfrentará la inseguridad como parte de su agenda de gobierno.
En su discurso de toma de posesión, Asfura afirmó: “Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso”.
El nuevo mandatario enfrenta desafíos en materia económica y de seguridad, en un país donde, según datos oficiales hondureños, una parte significativa de la población vive en condiciones de pobreza y donde la seguridad pública figura entre las principales demandas ciudadanas.



















