Proponen eliminar requisito del 51 % de acciones locales en bancos salvadoreños

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Imagen de referencia. Foto: Cortesía.
Imagen de referencia. Foto: Cortesía.

Por Redacción YSKL

El Ministerio de Economía presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos, con lo cual dejaría de existir la obligación de que al menos el 51 % de las acciones de los bancos constituidos en el país esté en manos de determinados tipos de inversionistas definidos en la normativa vigente.

La propuesta pasará a estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.

¿Qué establece actualmente el artículo 10?

El artículo 10 de la Ley de Bancos dispone que al menos el 51 % de las acciones de los bancos constituidos en El Salvador debe estar en manos de determinados tipos de inversionistas, entre ellos:

  • Personas naturales salvadoreñas o centroamericanas.
  • Personas jurídicas salvadoreñas cuyos accionistas mayoritarios sean salvadoreños o centroamericanos.
  • Bancos centroamericanos que cumplan con regulación prudencial y supervisión acorde a estándares internacionales.
  • Bancos e instituciones financieras extranjeras calificadas como de primera línea, sujetas a supervisión consolidada y regulación prudencial en sus países de origen.

Además, cuando se trate de inversionistas extranjeros, la Superintendencia del Sistema Financiero debe suscribir memorandos de cooperación con el organismo supervisor del país correspondiente para permitir el intercambio de información.

Argumentos de la iniciativa

En los considerandos de la propuesta de decreto se señala que, ante el dinamismo económico que experimenta el país, es necesario facilitar el acceso a nuevos capitales e inversiones para fomentar la competencia en la intermediación financiera y ampliar las fuentes de crédito.

El documento indica que resulta “indispensable eliminar aquellas restricciones legales que impidan o dificulten la entrada de nuevos competidores en el mercado”, con el propósito de atender necesidades de inversión, consumo y desarrollo económico.

La propuesta de reforma entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.