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Por Redacción YSKL
El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de fortalecer los controles en el comercio internacional respecto al trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
La propuesta que será estudiada por la Comisión de Hacienda incorpora el artículo 27-A a la normativa vigente, dentro del apartado relativo al control aduanero y las atribuciones de la autoridad competente.
Nueva obligación para importadores
De acuerdo con el texto planteado, la Dirección General de Aduanas requerirá a los importadores una declaración escrita, bajo juramento, en la que conste que los bienes que ingresan al país no han sido fabricados total o parcialmente mediante trabajo forzoso, obligatorio o trabajo infantil.
La declaración deberá presentarse en el formato que disponga la autoridad aduanera y conforme a los lineamientos que esta establezca.
Además, cuando existan alertas o indicios que generen dudas razonables, Aduanas podrá solicitar información y documentación adicional para verificar que los productos, en toda su cadena de suministro, cumplan con la normativa relacionada con la erradicación de estas prácticas.
Medidas en caso de incumplimiento
La iniciativa establece que, si se comprueba falsedad en la declaración o no se presenta la información requerida, podrán derivarse responsabilidades administrativas, civiles o penales, según corresponda.
También se contemplan medidas como la suspensión provisional del trámite, la retención preventiva de la mercancía o la denegatoria del despacho, conforme a la legislación aduanera aplicable.
Coordinación institucional
El proyecto señala que la Dirección General de Aduanas deberá coordinar con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social la emisión de lineamientos para regular los mecanismos de coordinación, intercambio de información y operatividad de la disposición.
Asimismo, se prevé la adecuación de los sistemas informáticos, considerando criterios de gestión de riesgo y análisis de datos.
En los considerandos se hace referencia a la Constitución de la República, que reconoce el trabajo como una función social protegida por el Estado, así como a los compromisos asumidos por El Salvador como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular en materia de erradicación del trabajo forzoso y de las peores formas de trabajo infantil.
El decreto, de ser aprobado, entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
