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Por Redacción YSKL
Representantes de organizaciones sociales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un escrito de pronto despacho para solicitar una resolución sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley General de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024.
La abogada Ana Cardona, quien promovió el recurso junto con Benjamín Cuéllar y Patricio Pineda, explicó que la acción judicial fue presentada hace aproximadamente un año y, hasta la fecha, no han recibido respuesta de la Sala de lo Constitucional.
Cardona señaló que el escrito busca que la Sala se pronuncie sobre la demanda.
“Venimos ahora a presentar un escrito de pronto despacho para que se nos dé una contestación y debe ser algo bien puntual”, afirmó.
Solicitud de resolución y posibles acciones posteriores
La abogada indicó que el objetivo es que la Sala determine si la normativa es o no compatible con la Constitución. Según explicó, la falta de respuesta podría derivar en nuevas acciones legales.
“Esperamos, de acuerdo con este pronto despacho, que se pronuncien y que nos resuelvan sí o no, para nosotros llegar a otro tipo de instancias”, expresó.
También señaló que, tras la presentación del escrito, esperan una respuesta en un plazo aproximado de diez días.
De no obtener una resolución, afirmó que evaluarían otras vías jurídicas, incluyendo acciones a nivel internacional.
Señalamientos sobre reformas legales recientes
Durante sus declaraciones, Cardona también mencionó cambios recientes en la legislación financiera que, según su interpretación, podrían estar vinculados con futuras inversiones relacionadas con el sector minero.
La abogada indicó que la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos le generó inquietudes, ya que considera que podría facilitar inversiones extranjeras en proyectos vinculados con la minería.
“Nos ha sorprendido la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos”, afirmó.
Contexto de la normativa minera
La Ley General de Minería Metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de diciembre de 2024, con mayoría oficialista, y publicada en el Diario Oficial tres días después.
La normativa derogó la prohibición de la minería metálica vigente desde 2017 y estableció un nuevo marco para la exploración y explotación de minerales en el país.
Según el texto legal, el Estado es el único autorizado para desarrollar actividades del ciclo minero, ya sea a través de instituciones públicas o mediante sociedades en las que tenga participación accionaria.
Elementos de la Ley General de Minería Metálica
Entre los aspectos principales que establece la normativa se encuentran:
- El Estado es el único autorizado para explorar y explotar recursos minerales.
- Se prohíbe el uso de mercurio en los procesos de extracción.
- Se definen zonas incompatibles con la minería, como áreas protegidas y zonas de recarga hídrica.
- Se establecen sanciones económicas que van desde 10 hasta más de 1,000 salarios mínimos según la gravedad de la infracción.
Demandas y pronunciamientos previos
En 2025, organizaciones sociales presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, argumentando que vulnera derechos como el acceso a un medio ambiente sano, la vida y la salud.
La acción fue respaldada con más de 50,000 firmas ciudadanas, según sus promotores.
De acuerdo con los representantes que impulsaron el recurso, la solicitud presentada ahora ante la Corte busca que la Sala de lo Constitucional emita una resolución sobre ese proceso.