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Por Redacción YSKL
La Defensoría del Consumidor inició una investigación en la cadena de suministro del maíz luego de identificar incrementos en el precio de este grano básico en distintos puntos de comercialización del país.
El titular de la institución, Ricardo Salazar, encabezó este miércoles operativos de inspección en negocios ubicados sobre la calle Gerardo Barrios y zonas aledañas, en el distrito de San Salvador Centro, con el objetivo de verificar posibles prácticas abusivas en la venta del producto.
Según el funcionario, durante las verificaciones se detectaron aumentos que superan los niveles habituales para esta época del año.
“Hemos identificado incrementos abruptos en el precio del maíz, con valores superiores a los $25 por quintal”, indicó Salazar.
El presidente de la Defensoría señaló que, al comparar estos precios con los registros históricos y el comportamiento del mercado en este período, se identificó un comportamiento que consideran irregular.
“Observamos que se trata de un comportamiento irregular, posiblemente generado por una situación de especulación por parte de algunos comerciantes que buscan aprovecharse”, afirmó.
Operativos en puntos de venta de granos básicos
Las inspecciones se desarrollan de forma conjunta entre la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con presencia en las principales plazas de comercialización de granos básicos.
De acuerdo con la institución, los equipos verifican precios, inventarios y registros de comercialización para determinar el origen de los incrementos detectados.
La Defensoría informó que, pese a los aumentos reportados en algunos comercios, el mercado nacional mantiene disponibilidad del producto.
“En el mercado nacional existe un nivel bastante importante de abastecimiento de este producto”, señaló Salazar, quien agregó que la importación de maíz blanco continúa ingresando al país.
Medidas adoptadas por la Defensoría
Como parte de la investigación, la institución activó sus protocolos para revisar el comportamiento de los distintos actores involucrados en la comercialización del grano.
Entre las acciones implementadas se encuentran:
- Inspecciones en puntos de venta de granos básicos.
- Revisión de inventarios y registros de comercialización.
- Emisión de 25 requerimientos de información a agentes económicos que comercializan y distribuyen maíz.
- Investigación de posibles prácticas de especulación o acaparamiento.
Posibles sanciones por prácticas abusivas
El titular de la Defensoría advirtió que, de comprobarse irregularidades en el incremento de precios, se aplicarán sanciones conforme a la normativa vigente.
Salazar explicó que las multas administrativas podrían alcanzar hasta 500 salarios mínimos por prácticas abusivas relacionadas con el aumento injustificado de precios.
Asimismo, indicó que en casos donde se determine acaparamiento o difusión de información falsa que afecte el mercado, podrían iniciarse procesos penales.
En esos casos, las sanciones contempladas podrían oscilar entre tres y cinco años de prisión.