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Por Redacción YSKL
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó este domingo un informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), y afirmó que sus conclusiones implicarían la liberación de las personas detenidas durante la política de seguridad aplicada desde marzo de 2022.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló que organizaciones y activistas han afirmado que el documento no exige la liberación de todos los detenidos bajo el régimen de excepción. Sin embargo, sostuvo que si se considera que las detenciones fueron arbitrarias, esto implicaría legalmente su liberación.
“Si se acepta que el 100% de las detenciones son arbitrarias, todo Estado estaría obligado automáticamente a liberar al 100% de detenidos”, escribió el presidente.
Bukele también cuestionó que el informe sostenga que las capturas se han realizado “sin garantías mínimas y sin el debido proceso”, y criticó las interpretaciones sobre el delito de agrupaciones ilícitas utilizadas para procesar a presuntos miembros de pandillas.
“Calificar una detención como arbitraria es sinónimo de exigir su liberación inmediata”, afirmó.
Recomendaciones del informe
El informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública” fue presentado el pasado 11 de marzo y contiene cerca de 300 páginas.
El documento fue elaborado por los cinco juristas internacionales independientes Susana SáCouto, Claudia Martin, Gino Costa, José Guevara y Santiago Cantón, con el respaldo de organizaciones como la Due Process of Law Foundation, la Comisión Internacional de Juristas y la Federación Internacional por los Derechos Humanos.
Según el análisis del grupo, las violaciones de derechos humanos registradas durante el régimen de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad debido a su carácter generalizado y sistemático.
El informe sostiene que más de 89,000 personas han sido detenidas desde el inicio de la medida, y señala denuncias de detenciones arbitrarias, tortura, muertes bajo custodia y restricciones al debido proceso.
Además, plantea recomendaciones al Estado salvadoreño, entre ellas poner fin al régimen de excepción, derogar reformas penales aprobadas durante la emergencia y limitar la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública.
El documento también sugiere restablecer plenamente las garantías judiciales, fortalecer la independencia del sistema de justicia y crear mecanismos para revisar los casos de las personas detenidas.
Postura del Ejecutivo
Bukele criticó las recomendaciones del informe y sostuvo que reflejan, a su juicio, los objetivos de organizaciones que se oponen a la política de seguridad implementada por su gobierno.
“Su objetivo es claro: quieren ver caos en nuestros países”, escribió el mandatario.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 tras un repunte de homicidios atribuido a pandillas y ha sido prorrogado de forma mensual desde entonces.
La medida suspende algunas garantías constitucionales y ha permitido detenciones sin orden judicial en el marco de operativos contra estructuras criminales.