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Por Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha recibido 180 denuncias en el caso vinculado a la empresa Credicash, en el que es procesado Gerson Adriel Orellana Ayala, a quien se le atribuyen los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, indicó que las diligencias se centran en “investigar a fondo cada uno de los eventos”, identificar a los responsables y recuperar la mayor cantidad posible de dinero para las personas afectadas.
Avances en aseguramiento de fondos
Según la FGR, como resultado de los allanamientos y registros realizados en Chalatenango, el monto total asegurado asciende a $38,574,722, entre dinero en efectivo incautado y fondos inmovilizados en el sistema financiero.
Delgado detalló que se han incautado $27,550,750 en efectivo y que el monto congelado en cuentas bancarias alcanza $11,023,972.
Además, se reporta la incautación de alrededor de 18,000 contratos de mutuo, así como la inmovilización de 47 inmuebles y 175 vehículos.
El fiscal explicó que estos resultados “son el reflejo del trabajo técnico y coordinado” para ubicar activos vinculados al caso.
Funcionamiento del esquema investigado
De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado ofrecía rendimientos de aproximadamente 10 % mensual sobre el capital entregado por los inversionistas.
“Era una ganancia muy superior a lo que ofrecen las inversiones legales”, señaló Delgado, al explicar que los pagos no provenían de una actividad económica real, sino del dinero aportado por nuevos participantes.
Agregó que este mecanismo corresponde a un esquema piramidal, en el que “el dinero simplemente se movía de unas personas a otras sin generar un valor real” y dependía del ingreso constante de nuevos fondos.
Impacto económico del caso
Las investigaciones indican que se habrían captado más de $38 millones.
Según el fiscal, de no haberse intervenido, el esquema habría generado obligaciones superiores a los $83 millones entre capital e intereses proyectados.
En ese contexto, explicó que solo en intereses mensuales el imputado debía generar alrededor de $3.8 millones, lo que evidenciaba la inviabilidad del sistema.
Proceso de identificación de víctimas
Delgado informó que la Fiscalía trabaja en la verificación de cada caso denunciado para determinar quiénes califican como víctimas y los montos entregados.
“Estamos determinando también cuánto dinero entregó cada persona”, afirmó, al señalar que se realizan diligencias para validar la existencia de los inversionistas y el origen de los fondos.
También indicó que este proceso busca evitar inconsistencias y garantizar transparencia en la eventual devolución de dinero.
Centro de procesamiento y análisis
La FGR habilitó un centro especializado para analizar la evidencia del caso, integrado por 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas.
El fiscal explicó que este equipo trabaja en la organización de documentación física y digital, así como en la identificación de víctimas.
“Este esfuerzo busca dar una respuesta más rápida y técnica a las personas afectadas”, sostuvo.
Asimismo, señaló que se han conformado al menos 35 equipos de trabajo para clasificar la información y cruzar datos financieros.
Continuidad de la investigación
La institución reiteró que el objetivo es esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y recuperar los fondos conforme a la ley.
Delgado afirmó que se mantendrán canales oficiales para informar a la población y que las diligencias continuarán.
“Vamos a continuar trabajando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y procurar la recuperación de los fondos”, indicó.
