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Por Redacción YSKL
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 57 votos la prórroga del régimen de excepción, que se mantendrá vigente del 1 al 30 de abril de 2026.
Se trata de la cuadragésima novena extensión consecutiva de esta medida, implementada por primera vez el 27 de marzo de 2022 mediante decreto legislativo.
De acuerdo con el documento, la decisión responde a la continuidad de acciones de seguridad pública.
Argumentos para la continuidad de la medida
El decreto expone que, pese a la reducción en los índices delictivos, las autoridades continúan detectando actividad de estructuras criminales.
En ese sentido, se indica que “la Policía Nacional Civil continúa detectando a responsables de la comisión de delitos de miembros de pandillas”.
Asimismo, se plantea que la medida ha permitido capturas y procesos judiciales contra personas vinculadas a estos grupos.
Según el documento, se han registrado “más de 91,650 personas vinculadas a estructuras criminales durante la vigencia de dicho régimen”.
El texto también menciona que la estrategia ha contribuido a resultados en materia de seguridad.
Se afirma que ha habido “reducción histórica en los índices de homicidios, con más de 1,165 días sin la ocurrencia de este delito durante el actual gobierno”.
El decreto establece que la medida continuará aplicándose en todo el territorio nacional para mantener el control territorial y las acciones contra estructuras delictivas.
Además, se indica que la continuidad del régimen busca “preservar los avances alcanzados, evitar el resurgimiento de la violencia y garantizar la protección integral de la población salvadoreña”.
¿En qué consiste el régimen de excepción?
El decreto mantiene suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución, relacionadas con el plazo máximo de detención administrativa, el derecho a la defensa inmediata y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
Con la medida, el plazo de detención antes de presentar acusación se amplía a 15 días.
Además, se permite la intervención de telecomunicaciones, allanamientos e incautaciones de bienes en casos vinculados a estructuras criminales, y se continúa aplicando el delito de agrupaciones ilícitas en los procesos correspondientes.
