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Por: Redacción YSKL
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió este martes un llamado al Estado salvadoreño para dar marcha atrás a las recientes modificaciones legales que permiten la prisión de por vida para menores.
Marta Hurtado, portavoz del organismo, señaló que es «urgente que las autoridades locales revisen estos preocupantes cambios constitucionales y legales», subrayando que la posibilidad de sentenciar a menores desde los 12 años a penas perpetuas entra en «contradicción con las normas internacionales de derechos humanos».
La representante de la ONU explicó que, bajo el nuevo marco legal, las condenas solo podrán ser evaluadas una vez que los sentenciados «hayan cumplido 25 años de detención». Hurtado advirtió que «este esquema contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño», la cual estipula que la justicia para menores debe enfocarse en la «rehabilitación y reintegración», asegurando que la cárcel sea utilizada únicamente «como medida de último recurso y durante el período más breve posible».
Asimismo, enfatizó que la reclusión a largo plazo es «profundamente perjudicial» y compromete el desarrollo de los jóvenes de por vida.
Horas después de la publicación del organismo, el presidente Nayib Bukele reaccionó a través de sus canales oficiales, cuestionando la validez de los consejos internacionales basándose en la historia reciente del país. El mandatario recordó la implementación de leyes similares en la década de los noventa, las cuales, a su juicio, facilitaron que los criminales «empezaran a reclutar casi exclusivamente a menores de edad».
Según Bukele, en aquel entonces los jóvenes eran «capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de tal vez enfrentar una pena mínima en un centro light».
El presidente vinculó esas políticas con el auge de la violencia que sufrió la nación, afirmando que las pandillas «mantuvieron prisionero al 80% de nuestro país» y dejaron una estela de cientos de miles de víctimas.
Ante el pronunciamiento de la ACNUDH, Bukele rechazó cualquier sugerencia de reforma, instando a las instituciones internacionales a «llevarse sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido». El gobernante cerró su postura al asegurar que «nosotros no vamos a volver al pasado», ratificando así la vigencia de las nuevas medidas penales.
