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Por: Redacción YSKL
En el marco de la conmemoración del 41° aniversario de la operación militar denominada «Guinda de Mayo» que inició el 27 de mayo al 9 de junio 1982 en Chalatenango, bajo el Conflicto Armado, la Asociación Pro Búsqueda insistió en la necesidad de perseguir a los responsables del crimen, considerado de lesa humanidad.
«Recientemente la Fiscalía informó que accionó un protocolo para desaparecidos del conflicto, lo cual es buen precedente, pero en casos como la Guinda de Mayo, queda además de la búsqueda de las víctimas y la determinación de las responsabilidades de los hechos», indicó Ana Escalante, Directora Ejecutiva de Pro-Búsqueda.
El operativo se conoce por las diversas masacres que se perpetraron contra la población civil, destrucción de propiedades, cultivos y viviendas; el Ejército también se llevó a cerca de 53 niños y niñas, muchos de ellos entregados a las damas voluntarias de la Cruz Roja Salvadoreña, según esta organización internacional.
Entre las peticiones está el acceso a archivos militares, reparación y garantías de no repetición al Gobierno; así como retomar el estudio a la Ley de Justicia Transicional y del Banco Nacional de Perfiles Genéticos a la Asamblea Legislativa.
También solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar investigaciones y superar la fase de instrucción para llegar a juicios. Y al Órgano Judicial a promover las investigaciones de casos del conflicto armado.
La “Guinda de Mayo”, ocurrió del 27 de mayo al 6 de junio de 1982 en tres municipios del nororiente Departamento de Chalatenango.
El episodio, conocido oficialmente como “Operativo en Chalatenango de 1982” se constituye como delito de lesa humanidad que sigue en la impunidad.
De acuerdo con el testimonio de víctimas, en los municipios de San José Las Flores, Arcatao y Nueva Trinidad –siempre en Chalatenango- se cometieron ejecuciones extralegales masivas, la desaparición forzada de niños, quema de viviendas, de cultivos, desplazamiento y desaparición forzada.
El hecho fue atribuido por Batallones de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl y Ramón Belloso, de los 7 Destacamentos Militares de 6 Brigadas del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea; además con participación de la Policía de Hacienda, de la Guardia Nacional, dos batallones hondureños, uno guatemalteco, de paramilitares de ORDEN y de defensa civil, todo ello supuso un aproximado de 14,000 agentes estatales involucrados, según el Procurador.
El operativo dejó aproximadamente 300 víctimas y unos 50 niños desaparecidos.
La Sala de lo Constitucional en su resolución de Hábeas Corpus promulgada en julio de 2015, ordenó al Ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto de aquel entonces, entregar la información del operativo para así colaborar en las investigaciones y en caso que estos se negaran, el Comandante en Jefe –el Presidente de la República- debía ordenarlo.
Sobre el Estado salvadoreño pesan tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le obliga a investigar, individualizar y sancionar a los responsables de este caso.