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Por: Redacción YSKL
Las jesuitas Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), de El Salvador, así como la Universidad “Rafael Landívar” (URL) de Guatemala, se han puesto a disposición sus servicios a los cientos de estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana de Nicaragua.
El pasado 15 de agosto, la titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, jueza Gloria María Saavedra Corrales, ordenó confiscar la casa de estudios superiores por una escueta acusación de terrorismo, una decisión cuestionada ya que que no hubo oportunidad de un juicio.
El resultado es que centenares de alumnos han buscado opciones para seguir sus estudios, incluso fuera de las fronteras nicaragüenses. Unos 600 estudiantes buscaron y consiguieron matrícula en la Universidad Americana (UAM), de donde fueron expulsados pocos días después.
Otro grupo más numeroso (unos dos mil, según el dato más reciente), contactó a las universidades hermanas en Guatemala y El Salvador, esto motivó a las autoridades de dichos centros de estudio conformar un comité que elabore un plan de trabajo y formule criterios para analizar cada caso.
El trabajo de ese comité, según informaron las fuentes académicas “permitirá responder adecuadamente las solicitudes que nos han trasladado”. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que continúen sus estudios”, dice el comunicado conjunto.
La UCA puso a disposición un formulario, mientras que quienes prefieran la Landívar, de Guatemala, pueden entrar a este otro.
“Para ambas universidades es fundamental atender las necesidades académicas y humanas del estudiantado de la UCA que ha requerido apoyo y orientación. Si bien tomará tiempo dar respuesta a cada petición, debido a la diversidad y gran número de casos (más de dos mil), haremos todo lo necesario para recibir en el primer ciclo académico de 2024 (que inicia en enero en el caso de la URL y la UCA) a quienes hayan completado el proceso de admisión que se definirá y comunicará oportunamente”, añadieron.
Sin embargo, aclaran que deben cumplirse “las normativas nacionales que regulan el funcionamiento de cada institución”, lo que incluye requisitos legales y académicos, pero también migratorios.
