Denuncian uso desmedido de la fuerza en desalojo de comerciantes en la Costa del Sol

Por Redacción YSKL

Los representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso en el que señalaron cuatro presuntos delitos en relación con el desalojo de 59 comerciantes de la Costa del Sol.

Según la representante del BRP, Maricela Ramírez, el desalojo realizado por el alcalde de la zona costera generó daños a las personas que tenían sus puestos de venta informal en el área.

«Los desalojos han sido acompañados por el uso desmedido de la fuerza, incluso se ha dado un proceso de quema de locales en esta zona y el uso de la fuerza para enfrentar a quienes intentan subsistir en este lugar. Desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y UNIDEHC, junto con las comunidades de diferentes sectores, estamos aquí para interponer este documento que permita dar respuesta a toda esta situación crítica que enfrenta la familia salvadoreña. Queremos destacar que, si bien sabemos de la captura del alcalde, el desalojo ya está hecho y no hay una respuesta concreta para estas personas que tenían sus locales aquí», aseguró.

Ramírez expresó que estas acciones, desde su perspectiva, afectan a la población más vulnerable y empobrecida, y denunció un presunto uso desmedido de la fuerza durante el desalojo, así como la quema de locales en la zona.

Por su parte, Rudy Joya, abogado y vocero de UNIDEHC, destacó que la resolución del juzgado ambiental no especificaba la necesidad de realizar desalojos, sino que contemplaba otras medidas cautelares que podrían implementarse.

«Es paradójico que el alcalde afirme que cumplió con una sentencia cuando todos vimos que no solo desalojaron a los comerciantes, sino que también quemaron todas sus pertenencias, lo cual también constituye contaminación ambiental. No se puede cumplir una sentencia cometiendo previamente un acto que daña el medio ambiente. Además, el hecho de realizar estas acciones durante la noche agrava la situación. A pesar del temor, estas familias y comerciantes han denunciado y grabado estas acciones», dijo el vocero de la unidad.

Joya afirmó que, a pesar de ello, se llevó a cabo un desalojo de manera arbitraria, sin un plan de reordenamiento o reubicación para los comerciantes.

En ese sentido, Joya mencionó que se presentaría un aviso penal en favor de las familias y comerciantes afectados por los presuntos delitos. Entre los delitos señalados se encuentran amenazas, daños a los bienes y patrimonio de las familias, actos arbitrarios y contaminación ambiental.

Además, se detalló que los desalojos se llevaron a cabo durante la noche, lo cual, según los denunciantes, agravó la situación. Asimismo, se destacó que las acciones de desalojo se realizaron a pesar de la falta de una respuesta concreta para las personas afectadas y en un contexto de presunta falta de competencia de las autoridades municipales.

Por otro lado, Reina Concepción Mejía, una de las afectadas por el desalojo, expresó su preocupación por los daños sufridos y la falta de alternativas para su sustento económico.

«Les dijimos a la alcaldía que no íbamos a aceptar ningún reordenamiento porque la jueza de Santa Tecla no había ordenado un desalojo completo. Les dijimos que no teníamos a dónde irnos, ni mucho menos dónde alojar nuestras pertenencias. Pero no les importó. Comenzaron a quemar, a tirar todo, a cortar con motosierra, corvo y todo eso.

Mejía hizo referencia a presuntas promesas incumplidas por parte de las autoridades municipales y solicitó una compensación por los daños causados.

Llevamos 40 años ahí y en todo ese tiempo, cuando nos reubicaron hasta hoy, siempre pagamos a la alcaldía, sin ningún retraso (…) Se nos dijo que si colaborábamos, nos darían un puesto dentro del turicentro. Luego se retractó de eso y dijo que no, porque no ocupábamos tener un bachillerato o una posibilidad», detalló.

Las organizaciones sociales involucradas pidieron que se investiguen los hechos y se haga justicia en relación con el desalojo de los comerciantes de la Costa del Sol. La Fiscalía General de la República deberá evaluar la veracidad de las acusaciones y tomar las medidas correspondientes en base a la ley.

"Dichas acciones incluso de quemar las pertenencias es parcticamente no solo delito", detalló el abogado de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios, Rudy Joya. | Vía @AndreaR22232058 pic.twitter.com/ye74ejOcuj

— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) May 15, 2024