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Por Redacción YSKL
Este martes, representantes de diversas organizaciones de derechos humanos presentaron el tercer «Informe del estado de El Salvador sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)».
En 2022, el Comité emitió tres recomendaciones clave al Estado salvadoreño, centradas en la prevención de detenciones arbitrarias, la investigación y sanción de casos de tortura, y el cumplimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la verificación de las condiciones de los centros penitenciarios.
La representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Victoria Barrientos, abordó los casos de «desapariciones forzadas» denunciados en el marco del régimen de excepción, señalando la identificación de tres patrones en estos casos.
«En todos los casos se conoce que, ya sea policías o militares capturan a una persona frente a testigos», aclaró.
Según detalló, el primer, a pesar de los esfuerzos de los familiares por conocer el paradero o el estado de salud de su pariente detenido, sólo después de un largo tiempo logran averiguar dónde se encuentra privado de libertad.
Por otro lado, en el segundo caso, la familia nunca llega a saber dónde está la persona privada de libertad.
«De hecho, hay casos documentados por medios de comunicación en los que, después de dos años de haber iniciado el régimen de excepción, la familia no conoce el paradero de su familiar privado de libertad», aseguró.
En cuanto al tercer patrón, señaló que en estos casos, las autoridades niegan información sobre la persona capturada. Más tarde, los familiares descubren que su ser querido ha fallecido, enterándose de esto a través de empleados de funerarias, otras personas o medios de comunicación.
«Muchas de las personas que han salido o que están libres bajo medidas sustitutivas a la prisión han dado testimonios y han comentado que en muchos centros penitenciarios han sufrido malos tratos», agregó.
