Propuesta de Ley de Educación Superior implica retos fiscales y evolución para la educación superior, según director del ICTI-UFG

Por Redacción YSKL

El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (ICTI-UFG), Óscar Picardo, comentó sobre la propuesta de Ley de Educación Superior, resaltando que se perciben aspectos negativos como positivos.

Óscar Picardo mencionó que uno de los principales impactos fiscales se relaciona con el pago de la hora clase. Según la propuesta de ley, en pregrado, el pago de la hora clase debería ser un 3% del salario mínimo; mientras que en posgrado, debería ser un 10% del salario mínimo.

Actualmente, el pago estándar de la hora clase oscila entre $6 y $8 dólares. Con la nueva ley, subiría a $9.60 y, si el salario mínimo aumenta a $400, alcanzaría $12 dólares. Para posgrado, el pago actual de entre $20 y $30 dólares subiría a $36.

Picardo subrayó que este aumento podría afectar a las universidades, especialmente las más pequeñas, que dependen en gran medida de las cuotas estudiantiles, lo que podría llevar a la deserción estudiantil si estas se incrementan.

«Esto es un tema bastante controversial, porque en el sistema de educación, hay muchos requisitos (…) La mayoría de universidades no tienen diversificados sus ingresos, dependen de una cuota, y si yo elevo la hora clase y elevo la cuota, probablemente tenga deserción«, señaló este miércoles, en la entrevista Frente a Frente.

Además, hizo énfasis a que la propuesta de ley exige que las instituciones superiores inviertan el 3% de su presupuesto en investigación, y las universidades el 5%. Este requisito también tiene un impacto fiscal significativo, dependiendo de los presupuestos de cada institución.

Cabe mencionar que si bien la iniciativa de ley no especifica el costo de la acreditación, Picardo estimó que un proceso de acreditación podría costar entre $10,000 y $15,000 dólares.

También señaló que para enseñar en pregrado, los profesores deberán tener el grado superior inmediato, lo que significa que aquellos que enseñan licenciatura, ingeniería o arquitectura deberán tener una maestría, lo que podría ser un desafío para muchas instituciones.

Por otro lado, se propone que todos los estudiantes, ya sean técnicos, licenciados, ingenieros o arquitectos, tengan que contar con un dominio intermedio de un segundo idioma para graduarse.

Picardo consideró que es un requisito interesante y necesario, para lo que las universidades podrían ofrecer exámenes de suficiencia para que los estudiantes demuestren su dominio del idioma.

«Ese es un tema un poco polémico, pero interesante y necesario, es un nuevo requisito de esta ley, para graduarse de cualquier carrera, así sea técnico, profesor, licenciado e ingeniero, arquitecto, tiene que tener un segundo idioma, no establece la ley cual, podría ser francés, inglés, japonés, alemán. Me imagino que las universidades van a poder hacer exámenes de suficiencia, es decir, si yo puedo demostrar que tengo un dominio de nivel B2, de idioma inglés, me hago un examen y aquí está mi constancia y me puedo graduar, sino tendría que estudiar durante la carrera, el idioma que ofrezca la universidad», dijo el titular del instituto.

Picardo también valoró como favorable la eliminación del servicio social obligatorio para posgrados, considerando que los estudiantes ya cumplen con este requisito en niveles anteriores de su educación, lo cual simplifica el proceso educativo para quienes cursan maestrías o doctorados.

Cabe destacar que la norma establece que la cantidad de docentes contratados formalmente debe establecerse en función de la población estudiantil, lo que Picardo consideró que «también es positivo».

El anteproyecto de ley incluye además disposiciones para apoyar a estudiantes con discapacidad, reconociendo su importancia y promoviendo la sensibilidad hacia sus necesidades.

«es una población importante y hay sensibilidad en apoyar a personas con ciertas lmitaciones y darles las facilidades», agregó.

El director del ICTI-UFG expresó que la propuesta de Ley de Educación Superior presenta tanto desafíos fiscales y administrativos como avances significativos en la calidad y accesibilidad de la educación en El Salvador.