Informe señala violaciones de derechos humanos contra 3,000 menores en El Salvador

Por Redacción YSKL

Human Rights Watch presentó este martes, un informe titulado “Su hijo no existe aquí”, en el que se documentan reportes sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra niños y adolescentes durante el régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022.

Según el informe, aproximadamente 3,000 menores han sido detenidos bajo este régimen, que forma parte de una estrategia gubernamental para combatir las pandillas en el país.

El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) reportó a las autoridades de Estados Unidos que, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, se detuvo a 3,319 menores, de los cuales 841 permanecían detenidos en enero de 2024. De estos, 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena.

Human Rights Watch indicó que, durante el arresto y la detención, muchos de estos menores fueron sometidos a abusos graves.

También, señaló que los centros de detención enfrentan problemas severos, incluyendo hacinamiento extremo, falta de acceso a alimentación adecuada, atención médica insuficiente y violencia por parte de otros detenidos. En algunos casos, los menores fueron detenidos junto a adultos, violando así estándares internacionales de derechos humanos.

El informe detalla ejemplos específicos de abusos, para lo cual aplicó seudónimos, como el caso de Óscar Gámez, un estudiante de 17 años que fue golpeado y torturado en el centro de detención “El Espino”, y Nicolás Saldívar, un estudiante de 16 años que, tras ser arrestado en su escuela, ha estado detenido por más de dos años sin pruebas suficientes.

El informe también señala que el sistema judicial está sobrecargado y carece de capacidad para procesar a los detenidos de manera justa.

En respuesta a estas situaciones, Human Rights Watch hizo varias recomendaciones dirigidas a distintas instancias.

La organización propone que el gobierno de El Salvador establezca un mecanismo ad hoc para revisar los casos de los detenidos durante el régimen de excepción, dando prioridad a la liberación de aquellos que no tienen pruebas suficientes en su contra, en especial menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas con problemas de salud graves.

Además, sugiere la colaboración con grupos de la sociedad civil para desarrollar una nueva estrategia de seguridad que respete los derechos humanos, e incluya iniciativas de prevención de la violencia, programas de rehabilitación y reinserción para menores.

El informe también recomienda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publique su informe sobre las violaciones cometidas durante el régimen de excepción, y que solicite permisos para realizar visitas in loco a los centros de detención, centrándose en las condiciones de los menores detenidos.

Asimismo, se aconseja a la CIDH que considere incluir a El Salvador en el Capítulo IV.B de su próximo informe anual, que aborda situaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Además, la organización instó a los donantes y financiadores internacionales, incluyendo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a suspender o abstenerse de aprobar préstamos a las instituciones gubernamentales involucradas en violaciones de derechos humanos hasta que se cumplan criterios específicos de derechos humanos.

También se recomendó realizar auditorías externas de financiamiento para determinar si los fondos han facilitado abusos.