![Radio Cadena YSKL 104.1 FM - 770 AM](https://radioyskl.com/wp-content/uploads/2019/04/yskl.png "YSKL \")
Por Redacción YSKL
Con 60 votos a favor, los diputados de Asamblea Legislativa aprobaron este martes una propuesta de normativa para facilitar ingresos mensuales de hasta seis salarios mínimos del sector comercio y servicios el acceso a créditos y soluciones habitacionales para resolver problemas de vivienda, para las familias salvadoreñas.
La iniciativa, denominada «Ley Especial para la transferencia de un inmueble a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular y su posterior legalización a favor de personas que sean afectadas por desastres naturales, como inundaciones, incendios, terremotos; así como situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad, riesgo social u otros acaecimientos en perjuicio del derecho a la vivienda de familias salvadoreñas» fue presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La propuesta de normativa busca transferir a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) un inmueble ubicado en la Final de la Calle Los Viveros, Barrio San Jacinto, San Salvador.
La propiedad, que tiene un área de 3,339.79 metros cuadrados y está valorado en $300,500, se destinará para su donación a personas afectadas por desastres naturales, situaciones de alto riesgo o vulnerabilidad, así como otros eventos que comprometan el derecho a una vivienda adecuada.
El proyecto de ley establece que la transferencia del inmueble se realizará sin necesidad de solvencias tributarias o municipales, y que el Ministerio de Vivienda, en coordinación con FONAVIPO, será responsable de desarrollar programas habitacionales en el terreno.
Estos programas definirán los requisitos y condiciones para los beneficiarios y las características de las viviendas a construir.
Asimismo, se establece que el inmueble formará parte del inventario de Fondo, y que cualquier valor asignado a las donaciones de las viviendas será calculado proporcionalmente.
El Ministerio de Vivienda se encargará del censo de beneficiarios y de la obtención de permisos necesarios para el proyecto.
El Instituto de Legalización de la Propiedad se encargará de la escrituración del inmueble y su inscripción, y la municipalidad competente, junto con otras instituciones, deberá realizar obras de protección y mitigación en áreas vulnerables.
La iniciativa también contempla la exención de impuestos, derechos registrales y catastrales para todas las transacciones relacionadas con el inmueble.
Además, se prohíbe a los beneficiarios, durante un periodo de veinte años, transferir el inmueble por cualquier motivo que no sea su reasignación a FONAVIPO, y cualquier falsa información proporcionada por los beneficiarios resultará en la pérdida del derecho a adquirir la vivienda.
La normativa entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
