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Por Redacción YSKL
El Presidente de la República, Nayib Bukele, destacó el vasto potencial de El Salvador en recursos minerales, específicamente en oro, gracias a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico.
«Somos el ÚNICO país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo! Esta riqueza, dada por Dios, puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo», aseveró, a través de su cuenta de X.
Según el mandatario, El Salvador tiene depósitos de oro con una densidad potencialmente más alta por kilómetro cuadrado que en cualquier otro lugar del mundo.
«DIOS COLOCÓ UN GIGANTESCO TESORO BAJO NUESTROS PIES: El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo», indicó Bukele.
Asimismo, agregó que los estudios realizados en solo el 4% del área identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas en $131,565 millones, lo que representa el 380% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El mandatario también resaltó que el potencial total de estos recursos podría superar los $3 billones, equivalente a más del 8,800% del PIB nacional.
El presidente compartió imágenes del mapa del «Anillo de Fuego del Pacífico», una zona geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico.
Esta región se caracteriza por la intensa actividad volcánica y sísmica, siendo responsable del 90% de los terremotos y el 75% de los volcanes en el mundo. La actividad tectónica en la zona, provocada por la subducción de la Placa del Pacífico, genera magma que asciende a la superficie, causando erupciones volcánicas.
Entre los volcanes más notables en el Anillo de Fuego se encuentran el Kilauea en Hawái, el Monte Fuji en Japón y el Monte Vesubio en Italia. También se destacan eventos sísmicos como el terremoto y tsunami de Tohoku en Japón en 2011.
Además, compartió un mapa del «Cinturón de Oro de El Salvador», una zona con un alto potencial para la explotación de recursos metálicos. Este cinturón abarca varias áreas dentro del país, identificadas por su alto potencial de oro, como los distritos de Cerro Blanco (en construcción), Cerro Colorado, El Zapote, El Dorado y otros.
El mapa muestra los distritos con potencial para la explotación de metales, con puntos naranjas representando las zonas de interés. El Cinturón de Oro Centroamericano, que incluye a El Salvador, es reconocido por su rica geología y recursos minerales.
Cabe señalar que desde 2017, se encuentra vigente la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la cual «tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y el subsuelo del territorio de la República».
Esta legislatura prohíbe la explotación de metales en todo el país, en respuesta a preocupaciones sobre el impacto ambiental y social que puede causar la minería, como la contaminación del agua y la afectación de los ecosistemas.
«La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de: exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea, a cielo abierto o subterráneo. También, se prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica», cita el documento.
La única excepción comprendida en la normativa corresponde al «trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos».
La ley busca proteger los recursos naturales de El Salvador, especialmente el agua, que es uno de los principales activos del país, dada la limitada disponibilidad de agua potable.
«Ninguna institución, norma, acto administrativo o resolución podrá autorizar la exploración, explotación, extracción o procesamiento de minerales metálicos en El Salvador u otorgar licencias, permisos, contratos o concesiones para esos mismos fines», enfatiza la ley.
La minería metálica implica riesgos significativos para las cuencas hidrográficas, ya que el uso de cianuro y otros productos químicos puede contaminar los cuerpos de agua cercanos.
Además de la prohibición de la minería metálica, el decreto también aboga por un modelo de desarrollo que busque alternativas más sostenibles para las comunidades, especialmente en áreas rurales donde la minería ilegal había sido un problema.
La ley fue apoyada por organizaciones sociales y ambientales que consideraban que la minería tenía un alto costo para la salud pública y el medio ambiente.
