Piden a Guatemala y El Salvador suscribir tratado de aguas regional que proteja cuencas, luego que empresa adquirió la Mina Cerro Blanco

Por: Redacción YSKL

El pasado mes de octubre la empresa Canadiense Aura Minerals anuncio la adquisición de la empresa Bluestone Resources por 74 millones de dólares. Como parte del acuerdo, Aura obtendrá la propiedad del proyecto minero Cerro Blanco, así como en el proyecto geotérmico Mita.

Organizaciones ambientalistas de El Salvador y Guatemala se pronunciaron este lunes, sobre la reactivación del proyecto, cuyas consecuencias serán percibidas en aguas salvadoreñas por la cuenca binacional Ostua-Guija-Lempa que se considera una región de alta vulnerabilidad ambiental.

Por su ubicación geográfica, a escasos 15 km de El Salvador, los daños ambientales en la cuenca alta se extenderían hasta el Rio Lempa, la fuente de agua más importante del país, el cual abastece de agua potable a dos tercios de la población del gran San Salvador y gran parte de la agricultura y ganadería del país, señalaron.

Los ambientalistas también advirtieron que la apertura de la mina también generaría una fuente de contaminación para la Región Trifinio, la cual se considera una unidad ecológica indivisible y estratégica regional, a través de un Tratado tri-nacional suscrito por los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El 18 de septiembre de 2022, los ciudadanos de Asunción Mita realizaron una consulta de vecinos según normas establecidas en el Código Municipal de Guatemala para determinar el apoyo de la población a proyectos mineros.

Los resultados: el 28% de los ciudadanos empadronados en el registro electoral oficial participaron en la consulta; de esos, 7,481 personas votaron “no” a los proyectos mineros y 904 votaron “sí”.

Tras el rechazo de la minería, la empresa minera Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, se vio obligada a suspender las operaciones del proyecto Cerro Blanco, mientras que la empresa matriz, con sede en Canadá, anuncio en un comunicado de prensa de junio de 2023 que estaba en búsqueda de nuevos inversionistas o propuestas de financiamiento para su proyecto.

Sin embargo, el 9 de febrero de 2024, a solo 5 días de la salida del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, MARN, aprobó una resolución que otorgaba la licencia ambiental para operar la mina Cerro Blanco a cielo abierto, a pesar del rechazo en la consulta de vecinos de 2022 en Asunción Mita.

El 14 de junio, durante una conferencia de prensa, la Dra. Patricia Orantes, Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anuncio la suspensión de la licencia ambiental del proyecto Cerro Blanco como resultado de una investigación realizada por el diputado José Chic y la organización ambientalista Madreselva que confirmó las denuncias de falsedad material e ideológica, en la resolución con la que pretendían actualizar la mina a cielo abierto.

El MARN determinó que el EIA no debería haber sido aceptado y tramitado como una modificación de una licencia anterior, ya que el desarrollo de una mina a cielo abierto implica un proyecto completamente nuevo.

En segundo lugar, la ministra anunció que habían iniciado acciones legales contra ex empleados del MARN, ya que los documentos de aprobación ambiental incluían firmas y sellos falsos de varios funcionarios y organismos, y la desaparición de más de 939 folios del expediente.

El anuncio de adquisición del proyecto minero Cerro Blanco por la empresa Aura Minerals ha generado mayor preocupación por parte de organizaciones ambientales como la Mesa Frente a la No Minería y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería y la Asociación de Mujeres Ambientalistas
de El Salvador (AMAES) .

Aura Minerals opera la mina San Andrés en el municipio de la Unión, departamento de Copan, Honduras, a través de su subsidiaria Minerales de Occidente, MINOSA y según los denunciantes ha sido señalada de contaminación, destrucción de bosques, viviendas y un cementerio ancestral de la comunidad Maya Chorti en Azacualpa.

En ese sentido, instaron a las instituciones del gobierno salvadoreño a tomar medidas necesarias para consensuar un tratado de aguas regional que proteja nuestras cuencas de la contaminación generada por la industria minera y otras industrias extractivas. De igual forma, pidieron que El Salvador no derogue la ley que prohíbe las actividades mineras.