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Por Redacción YSKL
El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Antonio Espinoza, propuso ante la Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea Legislativa una implementación progresiva de la vigilancia de la ejecución de penas en los tribunales contra el crimen organizado, con el objetivo de evitar el colapso del sistema judicial.
«(Es) una propuesta para la implementación, que he denominado ‘Propuesta para la implementación progresiva de la vigilancia de la ejecución de las penas en los tribunales de crimen organizado'», afirmó Espinoza.
Durante su intervención, el magistrado explicó que la reforma que asigna a estos tribunales la supervisión del cumplimiento de las penas responde a la necesidad de especialización en el combate a estructuras delictivas.
«Es un flagelo distinto, un abordaje distinto y un control en la lucha contra la criminalidad organizada», subrayó.
No obstante, advirtió que la carga de trabajo actual requiere una transición gradual para garantizar su efectividad.
«La actual carga laboral de estos tribunales requiere una implementación gradual de esta competencia», enfatizó.
Como solución, sugirió que, en una primera fase, se designe un juez de apoyo en cada tribunal especializado para asumir la vigilancia de las penas en los casos que se vayan resolviendo progresivamente.
«La propuesta es que a esta estructura ya instalada de cuatro jueces se le proponga un modelo de implementación progresiva», explicó.
Con el tiempo, a medida que los tribunales gestionen su carga, los demás jueces se incorporarían a esta función hasta asumirla de manera permanente, añadió.
Además, subrayó la necesidad de que el juez de garantías al menor, ya existente en estos tribunales, tenga la competencia exclusiva de supervisar la ejecución de penas impuestas a adolescentes en conflicto con la ley.
«Es importante que haya uno que asuma esa responsabilidad, para que no colapse», indicó Espinoza, asegurando el cumplimiento del enfoque diferenciado en la justicia penal juvenil.
El planteamiento del magistrado se presentó en el marco del estudio de una propuesta de reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, que busca prohibir la libertad condicional y la libertad condicional anticipada para quienes sean condenados por delitos enmarcados en esa legislación.
«La propuesta está orientada en el sentido siguiente: asignación de un juez de apoyo al tribunal de crimen organizado», concluyó.
La disposición transitoria del decreto establece que los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que actualmente llevan estos casos continuarán con su supervisión hasta su cumplimiento total.
De ser aprobada, la reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Tras culminar con la sesión de estudio, los legisladores emitieron un dictamen parcial para la iniciativa.
