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Por Redacción YSKL
El secretario general de la Asociación de Educadores Salvadoreños «ANDES 21 de Junio», Israel Montano, informó que aproximadamente 25 escuelas públicas habrían cerrado a nivel nacional por instrucciones del Ministerio de Educación (MINED).
En ese sentido, consideró que es necesario un «análisis profundo» sobre si estas decisiones responden a un intento de ahorro de recursos o si realmente buscan garantizar educación de calidad.
Montano destacó que los contextos actuales son distintos a los de años anteriores, ya que “ahora las familias solo tienen un niño o dos niños, y es más, hay familias que no quieren tener hijos, quieren tener mascotas en vez de hijos”.
Cuestionó que se sigan “aplicando las disposiciones generales del presupuesto que datan de 1983”, normativas que establecerían aulas con 45 alumnos, señalando que “si queremos tener educación con calidad, debemos tener 10 estudiantes, 15 estudiantes por sección”.
En relación con el cierre de escuelas, sostuvo que esta medida afecta el derecho a la educación de los menores.
“La ley Crecer Juntos dice que el interés superior es el niño, la niña y el adolescente, pero cuando se cierra una escuela porque tiene 100 niños, se le violenta ese derecho a los 100 niños. Pero si un maestro, por a o b motivos, violenta el interés superior a un niño, a ese se le sanciona, pero al funcionario que cierra esa escuela no se le sanciona”, afirmó.
El dirigente gremial reiteró que esta problemática será discutida en la mesa pedagógica que mantienen con la cartera de Educación, subrayando que “no se pueden estar cerrando escuelas”.
También expresó su preocupación por la incertidumbre en la que quedan los docentes ante estas decisiones.
“Nosotros no estamos a favor de que se cierren los centros educativos ni que se sobreutilice a los maestros, dejándolos en sus obras en incertidumbre, más en estos momentos difíciles en que vive la familia de los maestros en todo el país”, señaló.
Cabe señalar que, en cuanto a la escrituración de las escuelas públicas, según cifras del Ministerio de Vivienda, hasta la fecha son más de 4,370 que ya cuentan con sus títulos de propiedad, mientras que aún restan 920 por legalizar.
Al respecto, consideró que estos esfuerzos tienen sentido, afirmando que “siendo de esa manera, creo que tiene lógica y es razón, porque si la infraestructura no es propia del Ministerio de Educación, tiene lógica, ¿verdad? Entonces están buscando que la infraestructura sea propia”.
No obstante, insistió en que la gremial busca que el MINED garantice mejores condiciones para los docentes y que “se mejore la currícula educativa para la formación comprensiva con pensamiento crítico en los alumnos”.
