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Por: Redacción YSKL
Este martes, la Asamblea Legislativa aprobó, por tercer año consecutivo, una nueva prórroga del Régimen de Excepción.
Durante el desarrollo de la sesión plenaria 46, 57 parlamentarios avalaron la medida, implementada desde marzo de 2022.
El régimen de excepción ha sido un instrumento complementario al Plan Control Territorial -desarrollado en diferentes fases- por lo que en 2024 El Salvador cerró con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes, lo que lo ha posicionado como el país más seguro del hemisferio occidental, según el decreto que envió el Consejo de Ministros a los Diputados este día.
Según los datos brindados por el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, hasta la fecha se han capturado a casi 87 mil pandilleros, las autoridades de seguridad han logrado incautar 4,565 armas de fuego, 1,451 vehículos y 21,630 teléfonos celulares.
Además, se han decomisado 37.9 toneladas de droga valoradas en 920.4 millones de dólares y 4.8 millones en dinero en efectivo. Estos resultados corresponden al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Según el Decreto, la medida comenzará a partir del 7 de marzo hasta el 5 de abril de 2025.
El régimen de excepción en El Salvador es una medida implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, con el propósito de combatir a las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.
¿Qué es el régimen de excepción?
El régimen de excepción es una herramienta constitucional que permite suspender temporalmente ciertas garantías y derechos ciudadanos en situaciones de emergencia, como conflictos armados, catástrofes naturales o amenazas graves a la seguridad pública.
En El Salvador, se decretó en respuesta a un repunte de homicidios atribuido a las pandillas en marzo de 2022.
Principales medidas del régimen de excepción
Suspensión de derechos constitucionales:
- Se limita la libertad de asociación y reunión.
- Se permiten detenciones sin orden judicial.
- Se amplía el período de detención administrativa de 72 horas a 15 días.
- Se permite la intervención de telecomunicaciones sin autorización judicial.
