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Por Redacción YSKL
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) denunció el estado de impunidad que persiste en los casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
En un comunicado, la organización señaló que las respuestas de las instituciones estatales frente a los crímenes de lesa humanidad siguen siendo inadecuadas, lo que evidencia una «impunidad institucionalizada».
En su comunicado, la MECIES señaló que «los pocos casos emblemáticos de graves violaciones de los derechos humanos que continúan abiertos para la justicia siguen afectados por prácticas de impunidad que imponen jueces, fiscales y entidades de gobierno obligadas a colaborar con las investigaciones».
Entre las prácticas más comunes que afectan el avance de estos casos, mencionaron la «omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de profundizar las investigaciones y judicializar la mayoría de los casos», así como la «retardación deliberada de la justicia».
Asimismo, la MECIES destacó que los patrones de impunidad se adoptaron «desde la firma de los Acuerdos de Paz, en violación de estos, y se han reproducido hasta hoy».
La organización expresó que la protección de los responsables sigue siendo parte del comportamiento estatal: «La protección estatal de los criminales de guerra salvadoreños sigue vigente».
Los casos más emblemáticos de crímenes de lesa humanidad, como el magnicidio de Monseñor Óscar Romero, la emboscada a los cuatro periodistas holandeses, la masacre de la UCA y la masacre de El Mozote, entre otros, siguen en impunidad.
Según la MECIES, estas investigaciones son obstaculizadas por las instituciones del Estado, que no proporcionan acceso a archivos militares o niegan su existencia, y las investigaciones permanecen congeladas «a pesar de que acumulan una enorme cantidad de pruebas», como ocurre con el caso de la masacre de El Mozote.
La organización denunció que, tras el desbaratamiento de la independencia judicial en 2021, la situación ha empeorado, y ahora «el incumplimiento de sentencias internacionales y de sentencias de la Sala de lo Constitucional en esta materia es total». La disfuncionalidad de la justicia sigue siendo evidente, y muchos casos siguen paralizados.
En este contexto, la entidad hizo un llamado a los jueces y fiscales responsables de los casos, instándolos a «cesar en su despropósito de retardar y omitir su obligación de investigar», como establece la Constitución y la ley.
También pidió al Gobierno que «cese su protección a los responsables de tales crímenes, permitiendo el acceso a los archivos militares, cesando su injerencia en el poder judicial y absteniéndose de instrumentalizar los casos con su propaganda».
La organización instó a la Asamblea Legislativa a «superar sus 9 años de incumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad contra la amnistía» y dar trámite al proyecto de Ley de Justicia Transicional, presentado por las víctimas del conflicto armado y las organizaciones de derechos humanos.