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Por Redacción YSKL
El Departamento de Estado de EE.UU., en su Informe sobre la Estrategia de Control de Narcóticos Internacionales de marzo de 2025, señaló que El Salvador sigue siendo “un país de tránsito para drogas ilícitas”, aunque resaltó que “la cooperación bilateral sigue siendo robusta” en la interdicción de cargamentos con destino a Estados Unidos.
Según el informe, debido a los esfuerzos de interdicción del país, “las organizaciones de tráfico de drogas evitan en gran medida pasar por El Salvador por tierra” y han recurrido al tránsito marítimo.
La Armada salvadoreña ha realizado decomisos de gran magnitud hasta 1,000 millas de su costa, una distancia que “supera el alcance operativo normal de muchas otras marinas latinoamericanas”.
Entre enero y septiembre de 2024, las autoridades incautaron “8.1 toneladas métricas de cocaína, el 99.8 por ciento de las cuales se encontraron en el mar”, además de marihuana, metanfetamina, crack y fentanilo.
En cuanto a medidas institucionales, se destacó el fortalecimiento de la Unidad Química de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual duplicó su tamaño en 2024, lo que le permite “auditar a las empresas farmacéuticas para prevenir la desviación química o la producción ilícita”.
También se resaltó el trabajo de la División Antinarcóticos (DAN) y la Unidad de Investigación Sensible (UIS), que “trabaja con la Fiscalía General en investigaciones de drogas de alto nivel e internacionales”.
No obstante, el informe advirtió que, a pesar de los avances en interdicción, el Estado de Excepción y la “pérdida de independencia judicial y de enjuiciamiento en El Salvador” han generado preocupaciones.
Además, menciona que la modificación de la ley de extradición en 2024 “podría afectar algunas extradiciones de narcóticos de alto nivel” al limitar la pena máxima permitida para individuos extraditados a Estados Unidos.
En relación con la corrupción, el documento reconoce que el gobierno salvadoreño “no, como política de gobierno, fomenta o facilita la producción o distribución de drogas ilícitas”, pero advierte que “la corrupción presenta un desafío”.
En 2024, se registró el arresto de “un funcionario de la Oficina del Presidente por corrupción”, además de la detención de “dos policías por narcotráfico y un fiscal por otros delitos”.
El informe agrega que El Salvador “continúa su fuerte compromiso y capacidad para luchar contra el narcotráfico transnacional” y destaca que “la Armada salvadoreña ha logrado la mayoría de las interdicciones a gran escala” en la región.
Sin embargo, recomienda que el país “siga fortaleciendo sus instituciones de justicia penal, incremente la transparencia y apoye los objetivos políticos con financiamiento y personal adecuados” para enfrentar los desafíos que persisten.
