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Por Redacción YSKL
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua anunció que el próximo lunes 24 de marzo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley General de Minería Metálica, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 23 de diciembre de 2024.
Amalia López, integrante del movimiento, señaló que diversas organizaciones de la sociedad civil han recabado firmas en respaldo de esta acción legal.
«Nosotros teníamos la intención de recaudar la mayor cantidad de firmas para presentar una demanda de inconstitucionalidad», explicó.
Aseguró que aún están recopilando más firmas y pidió que quienes tengan listados en sus comunidades los hagan llegar para incluirlos en el proceso.
La ambientalista cuestionó que la Asamblea Legislativa no atendiera una solicitud de derogación de la normativa, presentada por representantes de la Iglesia Católica, la cual contenía 1,500 firmas de los feligreses a nivel nacional, señalando que “ni siquiera fueron capaces de leerla en el pleno”.
Destacó que en su caso han recabado más de 8,000 firmas y que el respaldo ciudadano es significativo.
López afirmó que la minería representa una amenaza para la población debido a su impacto en los recursos hídricos.
«Estamos totalmente conscientes en El Salvador de que la actividad minera amenaza directamente la vida de la gente porque amenaza el agua», expresó.
Además, sostuvo que la normativa fue aprobada sin consulta y la calificó como “inconstitucional e impopular”.
La presentación del recurso coincidirá con el Día Internacional de la Verdad, fecha en la que también se realizará una marcha conmemorativa en honor a Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
López detalló que los participantes se sumarán a la procesión organizada por grupos religiosos, realizando una segunda estación en la Corte Suprema de Justicia, donde interpondrán la demanda, antes de continuar la caminata hasta el centro histórico.
Los ambientalistas también hicieron un llamado a las autoridades a cumplir con la Ley General de Recursos Hídricos, enfatizando el respaldo a las juntas de agua y la restauración de cuencas.
En ese sentido, solicitaron «que abandone esta política de doble estándar donde, por un lado, ofrece restaurar el río Lempa y, por otro, impulsa proyectos de muerte como la reactivación de la minería metálica en El Salvador».
También exigieron la pronta elección del representante de la sociedad civil en la junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y modificaciones en la estructura de los organismos zonales de cuenca para garantizar la participación de las comunidades.
