Cristosal denuncia posibles irregularidades en contrataciones durante la pandemia y conflicto de intereses de funcionarios públicos

Por Redacción YSKL

La asociación Cristosal presentó este jueves dos denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra el ministro de Salud, Francisco Alabí, y el ex presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar Zarco, señalando posibles irregularidades en contrataciones durante la emergencia sanitaria por COVID-19, así como conflictos de interés y desvío de fondos.

Ruth Eleonora López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, afirmó que esta no es la primera acción legal emprendida contra Alabí.

«Venimos a presentar una denuncia, a sumar una más porque no es la primera», recalcó López.

Según detalló, en noviembre de 2024 presentaron una denuncia anterior por presunto favoritismo hacia familiares del funcionario, respaldada con pruebas y sugerencias para la recolección de más indicios.

La denuncia más reciente incluye documentos obtenidos de registros públicos que, según Cristosal, muestran que Alabí y Aguilar habrían utilizado recursos públicos para beneficiar a empresas familiares.

Uno de los casos destacados es la presunta compra de 100,000 protectores faciales a la empresa INSEMA, vinculada a Aguilar Zarco, a un precio unitario de $2.50, lo que representaría un sobreprecio del 121%.

Esta adquisición se realizó cuando Aguilar presidía el FONAES y mantenía participación accionaria en la empresa proveedora.

Cristosal también señaló que los protectores faciales adquiridos no estaban incluidos en el catálogo de insumos médicos autorizados para compras directas según el decreto legislativo vigente, lo que podría sugerir un desvío de fondos destinados a la adquisición de equipos esenciales.

López cuestionó al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por no investigar a profundidad estas denuncias y trasladar el caso a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General de la República, instituciones de las que, según la representante, no se ha obtenido respuesta efectiva.

La organización insta al TEG a evaluar estas posibles irregularidades y establecer responsabilidades para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.