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Por Redacción YSKL
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar un artículo de la Ley Contra el Crimen Organizado.
La modificación, que forma parte de una propuesta de decreto aprobada parcialmente en febrero de 2025, busca fortalecer el control y ejecución de las penas impuestas a los responsables de delitos relacionados con el crimen organizado.
La reforma propone que los tribunales y cámaras contra el crimen organizado sean los encargados de «vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas» impuestas en estos casos.
Además, establece que las autoridades judiciales, como los jueces de vigilancia penitenciaria, asuman funciones relacionadas con la ejecución de las penas en lo que corresponda según la ley penitenciaria.
La propuesta también resalta que, aunque ya se crearon los tribunales especializados en 2022, es necesario otorgar a los jueces la competencia para controlar la fase de ejecución de las penas.
Según la jurisprudencia constitucional, la Asamblea Legislativa tiene un amplio margen para regular no solo las consecuencias punitivas, sino también las condiciones bajo las cuales se ejecutan las penas, respetando siempre los derechos fundamentales.
En cuanto a los tribunales, la reforma mantiene que los jueces deberán ser independientes e imparciales, y garantizar la protección de los derechos y garantías procesales, especialmente en el caso de los menores de edad.
La iniciativa también establece que los jueces de vigilancia penitenciaria actuales continuarán con el control de la ejecución de las penas impuestas hasta su cumplimiento total.
De aprobarse en el pleno legislativo, la reforma entraría en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
