Maduro responde a Bukele sobre intercambio humanitario de presos

Por Redacción YSKL

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela calificó este martes la nota diplomática enviada por la Cancillería de El Salvador como una «confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos», tras las detenciones de ciudadanos venezolanos en el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT), en el territorio salvadoreño.

A través de un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, expresó que la nota de El Salvador, recibida el 22 de abril, «constituye una confesión de actos que podrían tipificarse como delitos internacionales».

El gobierno venezolano detalló una serie de acusaciones en contra de las autoridades salvadoreñas, incluyendo violaciones de derechos humanos y abusos legales.

Las acusaciones de Venezuela

El Gobierno de Venezuela señaló varios puntos en su respuesta, entre los que se incluyen:

Violación de derechos humanos: Se mencionó que los ciudadanos venezolanos detenidos han sido privados de libertad de forma arbitraria, sin juicio previo, en condiciones inhumanas y sin contacto con sus familias ni asistencia legal.

Criminalización colectiva: Acusaron a El Salvador de criminalizar a los detenidos sin pruebas individuales, vulnerando el principio de presunción de inocencia.

Negación del derecho a la defensa: Denunciaron la falta de acceso a la justicia y la asistencia legal, lo que transformaría a los detenidos en víctimas de desaparición forzada.

Propuesta de canje ilegal: Venezuela rechazó la propuesta de El Salvador de intercambiar prisioneros, considerando que esta es una acción «ilegal y moralmente inadmisible».

Deportación arbitraria: El gobierno venezolano condenó la deportación forzosa de los detenidos desde Estados Unidos a El Salvador, calificando esta práctica como una violación al derecho internacional.

Exigencias de Venezuela

Venezuela pidió la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos detenidos y solicitó respuestas detalladas sobre los cargos en su contra, las condiciones de detención y la garantía de sus derechos fundamentales.

Entre los puntos solicitados, se incluyó la identificación de los detenidos y el acceso a una «Fe de Vida» verificable por estándares internacionales.

Este conflicto surge tras las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien había adelantado la propuesta de intercambio de prisioneros a través de redes sociales, mencionando a figuras venezolanas detenidas como el periodista Roland Carreño y la activista Rocío San Miguel, a quienes calificó como «presos políticos».