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Por: Redacción YSKL
Este miércoles, los Diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa dio aval a un dictamen que contiene la “Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos”.
La propuesta tiene como objetivo crear un marco legal que regule la administración de los mercados nacionales, así como de los locales comerciales situados en plazas, parques y otros espacios públicos.
Según mencionaron los parlamentarios, el proyecto definirá funcionamiento, administración y los derechos y obligaciones de las personas que realicen actividades comerciales en dichos lugares.
Cabe señalar que los agromercados y las centrales de abasto no estarán incluidos en esta normativa.
La iniciativa contempla la creación de la Dirección de Mercados Nacionales, entidad que se encargaría de la administración, vigilancia y control de estos centros de venta.
Entre sus funciones estaría garantizar la libre competencia y condiciones óptimas de salubridad que favorezcan la comercialización de productos de primera necesidad.
Además, se establecería un procedimiento de adjudicación de puestos de venta para asegurar la igualdad de oportunidades entre los interesados.
El proyecto también estipula que los municipios beneficiados con la inversión de un mercado administrado por la Dirección tendrían la facultad de establecer tasas o impuestos a los vendedores adjudicatarios.
De acuerdo con la propuesta, surge en el «contexto de los esfuerzos gubernamentales por recuperar y mejorar los espacios públicos, al tiempo que busca proteger las expectativas económicas y sociales de los vendedores cuyo sustento depende exclusivamente de su actividad comercial».
Principales competencias de la Dirección
De acuerdo con el anteproyecto de ley, la Dirección de Mercados Nacionales tendría como funciones administrar los centros de comercio, emitir normativas internas, velar por la provisión de servicios básicos, como sanitarios comunes, iluminación y vigilancia, adjudicar y, en su caso, revocar los puestos de venta, imponer sanciones y monitorear el pago de arrendamientos.
También tendría la facultad de decretar medidas provisionales en casos de fuerza mayor o fortuitos.
Según lo establecido en la propuesta normativa, la Dirección estaría dirigida por un director y un subdirector, ambos nombrados por el presidente de la República para periodos de cinco años, con posibilidad de reelección.
El director sería la máxima autoridad y responsable de la gestión administrativa, económica y financiera de la institución, mientras que el subdirector asumiría sus funciones en caso de ausencia.
