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Por Redacción YSKL
El gobernador del estado de Illinois, JB Pritzker, solicitó a las agencias estatales que examinen las inversiones y contratos vigentes con empresas salvadoreñas, como parte de una posible medida de presión ante la decisión del gobierno de El Salvador de retener a un migrante deportado desde Estados Unidos.
Pritzker indicó que la revisión se debe a la colaboración del presidente Nayib Bukele con la administración del presidente Donald Trump en el caso de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado pese a una orden judicial que impedía su retorno a El Salvador.
El salvadoreño se encuentra detenido desde el 15 de marzo en el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT).
Pritzker, miembro del Partido Demócrata, ha señalado que su decisión busca defender los derechos constitucionales de los estadounidenses, particularmente el derecho al debido proceso.
El gobernador argumentó que “la Constitución de los Estados Unidos garantiza el debido proceso” y señaló que su estado “defenderá el Estado de derecho”.
También ordenó evaluar el comercio bilateral entre Illinois y El Salvador, y pidió identificar si productos salvadoreños son parte de cadenas de suministro estatales.
La acción del mandatario estatal ocurre luego de que Bukele declarara que no tiene la facultad para devolver al migrante, pese al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que ordena su regreso.
El caso de Kilmar Abrego García
El conflicto entre ambos gobiernos se originó por la deportación de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue expulsado de EE. UU. a pesar de una orden judicial que impedía su deportación.
El caso generó un debate legal, ya que los congresistas estadounidenses exigen que se cumpla la orden del Tribunal Supremo de EE. UU. para permitir el regreso de García, quien fue detenido en El Salvador bajo sospecha de ser miembro de la pandilla MS-13.
La Fiscalía General de EE. UU. defendió la deportación, alegando que Abrego García representaba un peligro para la comunidad debido a su vinculación con la pandilla.
Sin embargo, varios congresistas demócratas han abogado por su regreso, señalando que el trato que se le da en El Salvador podría estar violando su derecho a un juicio justo y al debido proceso.
Una delegación del Congreso de Estados Unidos, encabezada por Robert García, llegó a El Salvador para exigir la liberación del migrante y el cumplimiento de la orden judicial, pero se les negó el acceso a Abrego García.
