Decretan instrucción formal y mantienen medidas sustitutivas a la detención para empresarios de transporte colectivo

Por: Redacción YSKL.-

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial contra 12 empresarios del transporte colectivo, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado.

Según el requerimiento fiscal, los días 5, 6 y 7 de mayo los imputados habrían suspendido o limitado la prestación del servicio de transporte público, lo que generó afectaciones significativas para los usuarios ante la falta de unidades disponibles.

El abogado Carlos Meléndez, defensor de Napoleón Cárcamo —uno de los imputados— aseguró que su cliente no incurrió en los delitos que se le atribuyen, ya que las unidades de la ruta 38-B, de la que es concesionario, habrían circulado con normalidad pese al aumento en la demanda.

“Bueno, la Fiscalía General de la República ha presentado la exposición de su requerimiento fiscal solicitando medidas sustitutivas a la detención provisional para todos y cada uno de los ciudadanos procesados esta mañana, en virtud de que considera que se ha cometido dos hechos delictivos, de los cuales pues esta defensa técnica ha hecho la exposición, en el cual pues eh se ha manifestado que el dinero pues no fue depositado a la cuenta de la ruta 38-B. Asimismo, que la ruta 38-B pues circularon sus todas sus unidades y eso es comprobable con las actas de pesquisa y entrevistas y pues hemos solicitado que el presente caso pase a la siguiente etapa porque que creemos necesario que se puede debe esclarecer los hechos atribuidos a mi representado”, dijo el jurista.

Entre los procesados figuran José Alexander Sorto García, presidente de la Mesa Nacional de Transporte, y Genaro Isaac Ramírez Barrera, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), junto a José Abel Reina Quijada, José Alejandro Arriaza Salguero, Nelson David Moreno, y Napoleón Humberto Cárcamo López, acusados únicamente por el delito de incumplimiento de deberes.

También enfrentan cargos William Ricardo Flores Escobar, Ángel Monroy Cabrera, José Roberto Cuéllar Parada, Rutilio Guardado Ferrer, Saúl Villalta Platero y Julio Ovestes Girón Escobar, a quienes la FGR atribuye los delitos de incumplimiento de deberes y peculado.

El abogado Alfredo Callejas, defensor de Nelson David Moreno, cuestionó los señalamientos de la Fiscalía y afirmó que no existen elementos suficientes que respalden las acusaciones.

“En este caso se supone que debió haber existido un decreto legislativo. que permitiera el proceso de accionador para poder ese dar el cumplimiento. Es mediante un tweet que se les ordena a los empresarios dar servicio gratis. Lo otro está en que, si no hubiera fallecido una persona en custodia del Estado, si la fiscalía hubiera pedido medidas o la detención provisional. Son cuestiones que de alguna manera variaron la petición fiscal. Así es que entonces en el caso de la persona que defendemos, que definitivamente el delito de incumplimiento de deberes bajo ningún punto de vista jurídico se ha perfeccionado, porque la ruta 77 y 79 el lunes 5 de mayo desde las 4 de la mañana que es el primer bus que se va a hacer el recorrido presto los servicios. Por eso que se pidió un sobreseimiento definitivo en el sentido que el delito no ha existido en nuestro procesado no ha participado en ello”, explicó el abogado Alfredo Callejas.

Por su parte, José Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte, declaró brevemente ante los medios, expresando su confianza en el sistema judicial.

“Esperando confiando en Dios, pues que vamos a salir absueltos de este proceso que se nos ha iniciado y que confiamos también en el sistema judicial, vea, que hasta este momento se ha pronunciado de la manera esperada y eh confiamos también en el sistema de que vamos a salir todos absueltos de esta causa que se nos está imponiendo. Solamente. Ahorita no quisiera no quisiera opinar más”, dijo el empresario.

Al concluir la audiencia, la jueza Séptima de Paz decretó instrucción formal del proceso y ordenó mantener las medidas sustitutivas a la detención para todos los imputados. Entre ellas, se incluye la prohibición de cambiar de domicilio, la obligación de firmar periódicamente en el juzgado y la restricción de salida del país. El caso pasará ahora a la siguiente fase procesal, en la que la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas con miras a una eventual vista pública.