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Por: Redacción YSKL.-
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dio inicio a los alegatos finales en el juicio que se sigue contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otras cuatro personas acusadas de cometer diversos actos de corrupción durante su gestión municipal entre 2021 y 2022.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 18 años de prisión para Montano por cuatro delitos: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos e infracción de condiciones laborales o de seguridad social.
Según la acusación fiscal, Montano habría retenido de forma indebida cuotas laborales que debieron ser trasladadas a diversas instituciones, además de haber incumplido con responsabilidades propias de su cargo. Por estos hechos, la fiscalía solicitó ocho años de prisión por cada uno de los primeros dos delitos, 100 días multa por malversación y dos años adicionales por la infracción a normas laborales.
Durante su intervención, una de las fiscales afirmó que las investigaciones demostraron que Montano tenía conocimiento de las irregularidades y que las denuncias por parte de empleados se registraron desde 2022.
La defensa de la exfuncionaria, representada por el abogado Miguel Ángel Cárcamo, cuestionó la interpretación del Ministerio Público.
“La petición que ha hecho fiscalía en la primera intervención porque son dos casos, recordemos que es uno de retención o apropiación de cuotas laborales y otro por negociaciones ilícitas… en este caso la prueba pericial ha demostrado que hubo un problema de liquidez financiera”, explicó el abogado.
Cárcamo sostuvo que los impagos no fueron intencionales, sino consecuencia directa de una grave crisis económica que enfrentaba la alcaldía por la baja recaudación de ingresos.
En el transcurso de la audiencia, también declaró un perito encargado de verificar la autenticidad de la firma del exfuncionario Ricardo Arturo Roque Baires en dos documentos que forman parte del expediente. El peritaje concluyó que las firmas no correspondían a Roque Baires, elemento que la defensa considera clave para cuestionar la validez de algunas de las pruebas presentadas por la fiscalía.
El tribunal decretó un receso y programó la reanudación del juicio para este viernes, cuando continuará el desarrollo de los alegatos finales por parte de la representación fiscal. En esa jornada se prevé que se formalice la solicitud de una condena adicional contra Montano por el delito de negociación ilícita, tipificado en el artículo 328 del Código Penal, el cual contempla una sanción de doce a quince años de prisión e inhabilitación especial del cargo o empleo público por el mismo período.
