Restringen ingreso de periodistas a tribunales en San Salvador bajo nuevas “disposiciones de seguridad”

Por: Redacción YSKL.-

Agentes de seguridad del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, impidieron este lunes el ingreso de periodistas que habitualmente dan cobertura a casos judiciales en dichas instalaciones. La medida sorprendió a los comunicadores, quienes han tenido libre acceso al recinto durante años para informar sobre los procesos legales de relevancia pública.

Según explicaron los custodios del centro judicial, la restricción responde a “nuevas disposiciones” implementadas por la Jefatura de Seguridad. Los agentes indicaron que ahora es necesario que la Oficina de Prensa de Centros Judiciales autorice previamente la entrada a los periodistas. Sin embargo, al intentar realizar este trámite, los periodistas fueron informados por el personal de la oficina de prensa que ellos no tienen facultad para permitir o negar el acceso, y que la responsabilidad recae en el personal de seguridad.

Hasta el momento, no se ha esclarecido de quién provienen estas directrices ni cuál es el fundamento que respalda la restricción, lo que ha generado incertidumbre sobre la transparencia en los procesos judiciales. La medida se da en un contexto sensible, ya que este martes 24 de junio está programada la audiencia inicial contra el abogado constitucionalista Enrique Anaya, cuyo caso la Fiscalía ha solicitado que se mantenga bajo reserva total.

Este hecho ocurre mientras informes internacionales advierten sobre un creciente deterioro de la libertad de prensa en El Salvador. El más reciente Informe sobre la Democracia 2025, publicado por el Centro Regional de V-Dem, señala que la prensa salvadoreña enfrenta restricciones y censura gubernamental, situación que se enmarca en una tendencia global de retroceso en las libertades de expresión y de prensa.

El informe destaca que la libertad de expresión es uno de los aspectos más afectados de la democracia en la última década, con un aumento alarmante en las restricciones en decenas de países. El deterioro, según el documento, incluye limitaciones a la labor periodística, a la seguridad de los comunicadores y a la discusión pública de temas políticos.