Organizaciones sociales piden declarar inconstitucional la Ley de Agentes Extranjeros

Por: Redacción YSKL

Un grupo de organizaciones sociales pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar inconstitucional la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30 % a las transacciones, desembolsos, donaciones o importaciones en especie que reciban las organizaciones no gubernamentales financiadas desde el exterior.

Las organizaciones piden a los magistrados emitir una medida cautelar que suspenda la entrada en vigor de la normativa hasta que “emitan una resolución definitiva”. La Sala de lo Constitucional no tiene un plazo para determinar si admitirá para estudio esta demanda.

El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, que integra a los solicitantes, dice en un comunicado que la ley, que ya está vigente, “busca criminalizar a las personas y organizaciones de derechos humanos”.

Los dirigentes exponen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que la Ley presenta “múltiples vicios de forma” y que les preocupa que con la nueva normativa el Gobierno tendrá “discrecionalidad” para su aplicación, así como qué organizaciones no gubernamentales quedarían exentas.

La Ley aprobada el 20 de mayo, con 56 votos a favor y tres en contra de 60 posibles, da de plazo a las ONG hasta el 4 de septiembre para registrarse ante el Ministerio de Gobernación. De no hacerlo, no podrán operar y enfrentarán multas que van desde los $ 100.000 hasta los $ 250.000.

Las organizaciones, según la Ley, también pueden pedir al Estado ser exoneradas. El dinero de este impuesto, según la Ley, será destinado para obras de interés general o social.

A raíz de la entrada en vigor de esta Ley, la organización Cristosal, suspendió sus operaciones en el país hace una semana, alegando hostigamiento, represión y persecución por parte del gobierno hacia activistas. El anuncio de Cristosal se produjo casi dos meses después de que una de sus integrantes, la abogada y activista de derechos humanos Ruth Eleonora López, fue detenida por las autoridades salvadoreñas bajo acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito. López se declaró inocente y solicitó un juicio público.