Diputados aprueban propuesta de reformas a la Ley de la DOT para facilitar procesos y aclarar competencias en ordenamiento territorial

Por Redacción YSKL

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para una propuesta de reforma a la «Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial», que busca fortalecer y modernizar la regulación del sector construcción y ordenamiento territorial en El Salvador.

Durante la sesión, Paola Bardi, directora ejecutiva de la DOT, destacó que la institución cumple tres meses de funcionamiento y subrayó el papel clave del sector construcción en la economía salvadoreña.

Según datos del Banco Central de Reserva, en el primer trimestre de 2025, la construcción creció un 17.3% y aportó alrededor del 13.5% al Producto Interno Bruto (PIB). Además, en mayo de 2025, el volumen de actividad económica en este sector superó el 28%, consolidándolo como el más dinámico del país.

Bardi explicó que esta dinámica se traduce en resultados concretos, con la generación de 65,000 empleos y un aumento superior al 50% en las importaciones de materiales de construcción por el puerto de Acajutla.

La DOT, creada como respuesta gubernamental a esta transformación, ha liberado cerca de $300 millones de dólares en inversión desde su inicio.

La institución, que asumió funciones en mayo de 2025, opera mediante dos modalidades principales: el trámite individual, vigente en el área metropolitana de San Salvador, donde intervienen varias entidades para otorgar permisos; y el trámite integrado, aplicado fuera del área metropolitana, en el que la DOT centraliza y coordina de forma digital todos los procesos, optimizando tiempos y reduciendo inspecciones.

¿Qué implican las reformas, según la DOT?

La propuesta de reforma busca fortalecer y ordenar el sector mediante cuatro ejes principales:

1. Mejora del marco normativo: Se clarifican aspectos relacionados con proyectos menores a 250 m² y se armonizan las disposiciones con otras normativas, incluida la Ley Especial de Patrimonio Cultural. Además, se impulsa la coordinación entre más de 11 instituciones involucradas en permisos y autorizaciones.
2. Exoneración de cobros y simplificación: Se elimina el pago por inspección en el trámite para la instalación y funcionamiento de sistemas individuales de tratamiento de aguas negras y grises, facilitando así el acceso a este servicio esencial.
3. Actualización de trámites y tarifarios: Se incorporan nuevos trámites vinculados al proceso constructivo, como cambio de uso de suelo, tala, poda, terracería y cambio de titularidad, además de definir exclusiones claras para evitar interpretaciones confusas.
4. Delimitación de competencias: Se aclaran los ámbitos de competencia de la DOT, excluyendo actividades como la explotación de canteras y la supervisión del funcionamiento de tanques para almacenamiento y comercialización de productos petroleros y naturales, que corresponden a otras instituciones especializadas.

Bardi enfatizó la importancia del diálogo constante con los actores del sector para adaptar la ley a las necesidades reales y consolidar un marco legal que garantice la inversión y posicione a El Salvador como un polo de desarrollo para empresas nacionales y extranjeras.