EE. UU. declara al Barrio 18 como pandilla terrorista: ¿Qué implicaciones legales y financieras tiene la medida?

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Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

Por Redacción YSKL

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a la pandilla Barrio 18 en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (TGD).

La designación fue anunciada este martes y se aplicará conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad y una Orden Ejecutiva.

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que el “Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

Además, destacó que la medida busca interrumpir las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y delictiva de las pandillas y cárteles de droga, y proteger a Estados Unidos de la violencia generada por estas organizaciones.

Según Rubio, “la medida tomada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump con el desmantelamiento de los cárteles y las pandillas, y con la seguridad del pueblo estadounidense”.

Efectos legales y financieros

La inclusión de Barrio 18 en la lista de FTO y TGD implica restricciones legales y financieras:

  • Bloqueo de activos financieros de la organización dentro de Estados Unidos.
  • Prohibición a ciudadanos y residentes estadounidenses de realizar transacciones con la pandilla o sus miembros.
  • Posibles sanciones penales para quienes provean apoyo material o recursos a la organización.
  • Base para acciones de extradición y cooperación internacional contra miembros de la pandilla.

Contexto regional

Según el comunicado de la nación estadounidense, la estructura delictiva opera principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, donde ha estado involucrada en homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos violentos.

La designación de Estados Unidos busca reforzar los mecanismos legales y de seguridad para reducir su influencia en la región y limitar sus fuentes de financiamiento ilícito.