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Por Redacción YSKL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 22 de septiembre de 2025 la Resolución 66/2025, mediante la cual concedió medidas cautelares a la abogada Ruth Eleonora López.
Según el pronunciamiento, la CIDH “consideró que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en El Salvador”.
El organismo regional solicitó al Estado salvadoreño que adopte medidas inmediatas para garantizar sus derechos y que cese el estado de incomunicación en que se encuentra.
En palabras de la resolución, se pidió que “inmediatamente cese la situación de incomunicación prolongada” y se garantice el contacto con familiares y representantes legales.
Condiciones de detención
López, actual jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025 y desde el 4 de julio permanece recluida en el Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco.
Según el expediente revisado por la CIDH, “se encuentra en estado de incomunicación sin contacto con sus familiares ni representantes legales”, situación que también impide verificar su estado de salud.
La Comisión señaló que la defensora “ha impulsado acciones y denuncias sobre temas de alto interés público y fue objeto de eventos de seguimiento y vigilancia”, lo que se suma a su actual privación de libertad bajo detención provisional sin plazo definido.
Respuesta del Estado
En sus informes, el Estado indicó que López recibe paquetes de higiene personal y alimentos de parte de sus familiares, además de estar incorporada a actividades dentro del penal.
También aseguró que “habría adoptado medidas para garantizar el derecho a la salud de la beneficiaria, incluyendo su traslado a un centro penitenciario con condiciones apropiadas y todos los cuidados de su salud”.
No obstante, la CIDH subrayó que no existe certeza sobre su situación actual ni sobre la atención médica que recibe, en especial debido a sus padecimientos crónicos.
La resolución ordena al Estado salvadoreño:
- Proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de López.
- Revisar la continuidad de la prisión preventiva, considerando medidas alternativas.
- Garantizar el contacto regular con sus familiares y abogados.
- Concertar las medidas con la beneficiaria y sus representantes.
- Informar sobre las acciones para investigar los hechos que dieron origen a la resolución.
Contexto judicial
La detención de López se produjo en el marco de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.
El Juzgado 12° de Paz de San Salvador decretó instrucción con detención provisional, medida que se extenderá durante seis meses hasta la siguiente audiencia.
En junio, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de habeas corpus presentado a su favor.
Cristosal, la organización de la que formaba parte, cuestionó la resolución al considerar que “no reconoce la detención arbitraria y avala la aplicación de los plazos del régimen de excepción a delitos comunes”.
La defensa sostiene que López fue capturada por supuestas irregularidades vinculadas a su trabajo como asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, actualmente procesado también por enriquecimiento ilícito.
